El Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordó iniciar procesos sancionatorios y aplicar medidas cautelares a 18 casos de propaganda anticipada en vallas y redes sociales, principalmente por candidaturas a elección de concejos municipales, de un aproximado de 35 a 40 denuncias de campaña anticipada o ilegal recibidas.
La medida cautelar consiste en ordenar el retiro inmediato de propaganda, según la publicación difundida este martes en sus redes sociales. El calendario Electoral establece que la propaganda para concejos municipales inicia hasta el 5 de febrero.
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Entre la propaganda sancionada están las de: Jorge Castro, candidato a alcalde por Santa Ana Oeste por Nuevas Ideas; Will Salgado, candidato a alcalde por San Miguel Centro con Nuevas Ideas; Alex Torres, candidato del PDC por San Miguel Centro; Rebeca Díaz, candidata a alcaldesa de Cabañas Oeste por el CD; Uberner Umanzor, candidato a alcalde por La Unión Norte por el FMLN; Lorenzo Rivas, candidato para Cabañas Oeste por GANA; entre otros.
Denuncias pendientes
Pero las denuncias de campaña fuera del tiempo establecido no son los únicos casos pendientes de resolver por el Tribunal, pues no han dado respuesta a denuncias presentadas públicamente por algunos partidos por incumplimiento a otras disposiciones en el Código Electoral.
“Yo presenté una denuncia por campaña negativa y anticipada contra el diputado Gallegos hace más de tres meses, no ha habido absolutamente ninguna respuesta”, dijo Andy Failer, presidente de Nuestro Tiempo.
La denuncia fue presentada el 22 de septiembre de 2023 luego que el legislador de GANA publicó en su cuenta de redes sociales un video con declaraciones editadas de Failer en una entrevista televisiva. Failer pidió abrir el proceso sancionatorio contra Gallegos por violar el artículo 175 del Código Electoral que prohíbe la propaganda anticipada.
Además, el 27 de noviembre de 2023 candidatas de Nuestro Tiempo a la Vicepresidencia de la República y a diputaciones de la Asamblea Legislativa presentaron una denuncia por violencia política hacia las mujeres, contabilizando al menos 300 ataques diarios por medios digitales.
“Celia Medrano junto a otras candidatas a diputaciones presentaron otra denuncia donde están documentados cientos de ataques digitales donde se violentan los derechos de la participación de mujer en política. Presentaron esa denuncia y no ha habido ninguna respuesta al respecto”, reprochó Failer.
El partido presentó al menos diez denuncias, algunas fueron contra la inscripción de la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele.
“De esa decena de denuncias de la única que tuvimos respuesta fue de las denuncias que pusimos contra la candidatura inconstitucional y la respuesta fue en favor del candidato inconstitucional”,
Andy Failer, presidente de Nuestro Tiempo
Las denuncias de Nuestro Tiempo no se limitaron al TSE, también se presentó Una denuncia contra el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para que investigue el posible uso de fondos públicos para favorecer su imagen y el TEG no ha dado respuesta.
Recientemente el partido ARENA consideró que las denuncias en este proceso electoral han sido “engavetadas” por el TSE y otras instancias. Diferentes candidatos de ese partido denunciaron las cadenas de radio y televisión del presidente Bukele en contexto electoral, los “puntos cian” que inducen al voto en el exterior y el retiro de la verificación biométrica del voto electrónico presencial.
Posibles delitos electorales
También el partido Vamos presentó al TSE cuatro denuncias contra un alcalde y dos diputado de Nuevas Ideas, contra la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por delitos electorales, denuncias que no han tenido respuesta por parte del Tribunal.
En el primer caso, denunciaron al alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, por el retiro de la propaganda de la candidata Wendy Alfaro, en violación al artículo 81 de la Constitución y al 172 del Código Electoral que otorgan el derecho a la propaganda por los partidos en el periodo establecido, y el artículo 233 del Código Electoral que sanciona la obstaculización deliberada de la propaganda.
También se denunció al diputado Christian Guevara por publicar editado un video de Claudia Ortiz relacionándola con pandillas. Y por violentar los artículos 173 y 179 que contienen algunas prohibiciones en el ejercicio de la propaganda política difamatoria denunciaron a los diputados Guevara y William Soriano.
“Se denunció el uso de simbología partidaria por parte de Christian Guevara y William Soriano, que han usado nuestra simbología partidaria para estar diciendo ahí que vamos a liberar pandilleros”, dijo Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.
El artículo 179 inciso segundo dice que: Los partidos políticos o coaliciones no podrán en ningún caso utilizar para su propaganda electoral la simbología, colores, lemas, marchas, y las imágenes o fotografías de los candidatos de los otros partidos políticos o coaliciones”.
En la cuenta de la red X de ambos diputados aún están las publicaciones con el uso de colores y simbología del partido de oposición con mensajes de “Vamos a quitar el régimen de excepción”.
De esta denuncia tampoco han recibido respuesta de parte del TSE, ni de la denuncia por propaganda gubernamental ilegal de parte de la DOM ni de la posible injerencia del Ministerio de Relaciones Exteriores con el voto del exterior.
Aunque el 5 de enero fue la última fecha en que instituciones de gobierno y alcaldías podían publicitar obras y proyectos, la DOM continuó anunciando e inaugurando obras.
“Creemos que el TSE ha sido no solo pasivo, sino se está volviendo cómplice de todas las infracciones que se están cometiendo al código electoral y a la Constitución en sí”,
Cesia Rivas, secretaria general de Vamos
También el exmagistrado del TSE, Eugenio Chicas, denunció a la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, de pedir el voto por Nuevas Ideas en un evento desarrollado por la DOM el 10 de enero, a pesar que el artículo 184 del Código Electoral prohíbe la propaganda proselitista de parte de funcionarios públicos. Y no hubo respuesta del TSE.