Indra SOLUTIONS será la empresa que ejecutará el sistema de voto electrónico en el exterior, así lo definieron ayer los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de aproximarse un mes con vencimiento del plazo legal.
La contratación fue directa con competencia y equivale a un monto de 41 millones de dólares, fondos que ya contemplan el pago por si se diese una segunda vuelta. De no ser necesario el ejercicio de una segunda vuelta, al monto mencionado se restarían once millones de dólares.
La votación contó con la aprobación de los magistrados propietarios Dora Martínez, Guillermo Wellman, Rubén Meléndez y Noel Orellana, a excepción de Julio Olivo, quien confirmó vía llamada telefónica que se abstuvo “porque se retiraron algunas empresas del proceso”.
El monto de la contratación es de $41 millones. “Con la salvedad que si no hay segunda vuelta se estarían restando once millones”, dijo la fuente que solicitó mantener el anonimato.
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La Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio desde el Extranjero establece que el Tribunal está obligado a contratar un tercero para ejecutar la implementación de un sistema de votación remota por internet y un sistema de votación electrónica presencial, los cuales deberán estar definidos al menos ocho meses antes de las elecciones.
Hubo retrasos desde el presupuesto
La asignación del presupuesto avalada por Hacienda también incidió en el retraso en los procesos electorales, según mencionaron anteriormente los magistrados.
Inicialmente, era entre el 16 de febrero y el 15 de marzo de este año, en el que el Tribunal tuvo que haber contado con el diseño del voto exterior y así iniciar con el proceso respectivo, es decir, con la contratación de la empresa que ejecutaría el sistema digital y la logística de los centros de votación.
No obstante, para esas fechas el TSE ni siquiera contaba con el presupuesto extraordinario para llevarlo a cabo. Aunque recientemente, magistrados como Noel Orellana, revelan que Hacienda luego del desembolso expresó que por cualquier infortunio podrían solicitar más fondos para el proceso.
Ayer el magistrado Noel Orellana reveló que el atraso se debió a que los magistrados buscan a una empresa que “contara con experiencia”.
El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, por su parte, considera que el atraso proviene de las reformas al voto electrónico hechas recién en octubre de 2022 por el oficialismo.
Tanto el magistrado Wellman como Chicas, concordaron en alertar que por el retraso se corría el riesgo de que las empresas desistieran de continuar en el proceso de contratación porque les quedaría menor tiempo para trabajar el software de las elecciones y en hacer las respectivas pruebas piloto.
El TSE tiene un padrón electoral “inflado”, lamenta magistrado
Lo que sí mantuvieron los magistrados en el discurso fue que pese al retraso las elecciones en el exterior sí se harán.
Como cuando a tres días de vencimiento la magistrada presidenta, Dora Martrínez, aseguró que en este mes de junio “primeramente Dios” se iba a tener la empresa elegida: “La que reúna los requisitos y se va a empezar a trabajar”.
Al Tribunal Supremo Electoral se le vencieron una serie de fechas para el ejercicio del voto en el exterior. Orellana dijo días atrás que el retraso en la contratación de la empresa para el voto electrónico tenía en cola la contratación de otras tres firmas.
La auditoría al registro electoral se programó para el 3 de marzo.
Para esta fecha el TSE debió haber contratado la firma auditora al registro electoral de acuerdo al calendario electoral, sin embargo, el retraso de la Dirección de Migración para entregar datos de los pasaportes al TSE para el registro electoral alargó el proceso. Actualmente ya se avanza en la entrega de datos.
La auditoría al sistema de votación era para el 16 de marzo.
Las auditorías al sistema de votación deberían haber iniciado el 16 de marzo, un día después de contratada la firma encargada. Sin embargo, la falta de una empresa que se haga cargo del desarrollo del voto electrónico retrasó el proceso.
La auditoría para el registro electoral era el 3 de junio.
La Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior obliga a que el TSE tenga listo el sistema de votación en ambas modalidades a más tardar ocho meses antes de la fecha de elecciones, es decir, el 3 de junio de 2023, ya que los comicios se realizarán el 4 de enero de 2024 para elegir presidente, vicepresidente y diputados de la Asamblea Legislativa; y el 3 de marzo de ese año para elegir alcaldes y diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Sin anuncio oficial
Al cierre de esta nota la magistrada presidenta no había hecho público la selección de la empresa.
“Lista para dar inicio esta mañana a la Sesión Extraordinaria del Organismo Colegiado del TSE, en la que vamos abordar un tema trascendental para el sufragio en el extranjero elecciones 2024”, fue la única actualización colocada ayer en redes sociales de Martínez.
Por su parte, el medio electrónico Focos reveló que Orellana dijo que no revelarían el nombre de la empresa seleccionada por 24 horas “por si hay cambios”.
El Diario de Hoy también intentó obtener mayores detalles de la contratación con los magistrados del TSE, pero no contestaron y el magistrado Olivo se limitó a decir que se abstuvo de votar.