La Corte de Cuentas de la República notificó al Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), que se encuentra en proceso una auditoría por la denuncia interpuesta por esa oficina de “supuesta irregularidad cometida por funcionarios del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), relacionado con la supuesta suscripción del contrato de Arrendamiento de un edificio” que ahora alberga las oficinas administrativas del Tribunal Electoral.
En su cuenta de Twitter ALAC El Salvador, informó que el pasado 13 de diciembre de 2022, la Corte de Cuentas les giró dicha notificación en contra del TSE, a partir de la denuncia presentada por ALAC el 20 de octubre, relacionada con supuestas irregularidades en contratos de arrendamiento por un monto de $1.6 millones.
En la notificación, se señala que el edificio en cuestión está ubicado en la 87 Avenida Norte de la Colonia Escalón para el uso de las oficinas administrativas del TSE.
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Según la denuncia de ALAC presentada en octubre, “ya pasaron más de cuatro meses y hasta el momento no se han realizado los traslados, cada mensualidad tiene un costo de $100,000.
Asimismo, señalaron que el Tribunal suscribió un contrato de adecuación con la sociedad acreedora, arrendadora del edificio por un monto de $1.6 millones, “siendo que el edificio es propiedad privada mal utilizados los recursos del Estado. Respecto a lo cual, se envió informe de análisis jurídico a la Coordinación General de Auditoría en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós”, reza la notificación de la Corte de Cuentas.
Es así, que el 7 de noviembre del presente año, la Subdirectora Interina de Ingresos Públicos, Dirección de Auditoría Uno, Fátima Ivette Posada Renderos, informó que a raíz de la denuncia ciudadana relacionada con las supuestas irregularidades expuestas por ALAC en contra del TSE, la Dirección de Auditoría Uno tiene en proceso una auditoría.
La presidenta del Tribunal, Dora Esmeralda Martínez, admitió que invirtieron en readecuar el edificio, pero no reveló el monto.
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El magistrado Noel Orellana, del TSE, expresó que el pago de arrendamiento proviene de lo que el TSE cancelaba en alquileres de otras 11 casas, siempre en la colonia Escalón, por lo que consideró que no era un gasto, sino un ahorro.
Esto fue respaldado también por el magistrado Guillermo Wellman, quien sostuvo que anteriormente pagaban $70,000 al mes en renta de varios inmuebles y que estaban las oficinas todas dispersas, pero ahora se concentran en un solo lugar.