Trump y Bukele pasan por encima de las leyes con encarcelamientos en CECOT

El envío de venezolanos y salvadoreños indocumentados desde los Estados Unidos directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, mostraría ante la comunidad internacional que los mandatarios de ambos países pasan por encima de las leyes.

Desde que el tema fue mencionado por Nayib Bukele en su reunión con el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, hasta el pasado viernes, la legalidad de la deportación de extranjeros y de connacionales al CECOT ha sido motivo de debate jurídico, principalmente por jueces federales del país norteamericano.

"Estamos viendo dos mandatarios que están pasando por alto las leyes de sus países, así como de las instituciones democráticas y de control para decidir quiénes son culpables y quiénes inocentes, sin debido proceso, en irrespeto a los derechos fundamentales", dijo a El Diario de Hoy Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

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El 15 de marzo de 2025, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, para catalogar como terroristas a los miembros de la banda criminal Tren de Aragua y, pese a que el juez federal James Boasberg prohibió la salida de vuelos con deportados venezolanos mientras dirimía el caso, ese mismo día fueron enviados a El Salvador 238 personas, 23 de ellas salvadoreñas y supuestos pandilleros de la MS-13.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington falló a favor de mantener el bloqueo a dicha ley. Pero de igual forma fueron enviados otros vuelos con más personas para ser encarceladas en el megapenal de San Vicente.

"Es una alianza entre dos mandatarios que buscan normalizar un modelo de seguridad basado en miedo, que estigmatiza a grupos enteros y exige derechos a cambio de seguridad", agregó Bullock.

Hasta la fecha, el gobierno de Bukele no ha hecho público el acuerdo que respalde la legalidad de la privación de libertad de personas que no han sido juzgadas por delitos en el país y por las que recibiría un pago anual de $6 millones.

"Pero desde el punto de vista jurídico, estas imposiciones de Trump dejan muy comprometido al gobierno de El Salvador, porque no se tiene claridad sobre el alcance de medidas como la reclusión de ciudadanos de otros países en cárceles salvadoreñas", consideró el abogado Mauricio Maravilla.

Comentó que, desde un punto de vista político, Bukele acepta sin reparo las imposiciones de Trump. "Más bien el estilo de Trump es el de imponer y desde el 20 de enero a la fecha eso es lo que hemos visto en otros asuntos de su interés. No encuentro razones para pensar que al presidente salvadoreño lo trataría diferente", dijo.

También opina que, voluntariamente o no, Bukele ha mostrado ante el mundo su modo de proceder: "Por encima de la Constitución y las leyes y con medidas de corte autoritario que, tarde o temprano, le pueden acarrear responsabilidades. Está mostrando ante el mundo lo que en la interna salvadoreña vivimos desde hace más de tres años con el régimen de excepción".

Sin claridad en vigilancia

Maravilla recordó que aunque las cárceles son administradas por la Dirección General de Centros Penales (DGCP) son vigiladas en su funcionamiento por Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, según la Ley Penitenciaria.

"En este caso, es importante preguntarse qué juzgado tiene competencias sobre el CECOT y cuál será la actuación de la jueza o juez para garantizar lo que la ley establece", dijo Maravilla.

Cuestiona si el Juez de Vigilancia Penitenciaria está cumpliendo las atribuciones que le otorga el artículo 37 de la ley, como vigilar "que no haya en los centros penales persona alguna detenida en forma ilegal".

"Es decir, que el sistema judicial también debería sentar postura sobre estos aspectos. Lamentablemente, en la dinámica institucional poco independiente que existe hoy en El Salvador, es poco probable que los otros órganos de gobierno contradigan al Ejecutivo", expuso Maravilla.

Principios internacionales

El director de Cristosal tampoco descarta que con esta alianza Trump-Bukele se viola el principio de no devolución, que impide trasladar a personas a un país donde corre el riesgo de persecución, torturas o desapariciones forzadas.

"Al hacerlo también valida un sistema penitenciario mundialmente conocido por denuncias de torturas, malos tratos y la muerte de más de 368 personas bajo custodia del Estado", afirmó.

Para Maravilla, estas actuaciones que riñen con la Constitución y leyes secundarias, pueden comprometer al Estado salvadoreño ante instancia internacionales.

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Primero, por permitir el ingreso de ciudadanos de otros países en cárceles salvadoreñas, sin tener claridad de la situación jurídica de las personas.

"En segundo lugar, porque no está brindando garantías de un trato digno para estas personas ni para los miles y miles de capturados en los últimos años en el marco del Régimen de Excepción. Y en tercer lugar, porque no hay ningún instrumento jurídico que avale a los funcionarios salvadoreños admitir el ingreso de ciudadanos de otros países para guardar prisión en El Salvador”, puntualizó.

Pero en EE.UU. algunos jueces han tomado acciones concretas, como la jueza Paula Xinis, quien ordenó al gobierno de Trump a llevar de regreso a un salvadoreño que fue deportado al CECOT pese a que tenía medidas de protección.