El exdiputado Guillermo Mata Bennett denunció que el silencio de la Corte de Cuentas dilata innecesariamente el proceso que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito y que él necesita demostrar su inocencia.
Mata, exdiputado por el FMLN entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018, ha sido acusado en la Cámara Ambiental de Santa Tecla por la Fiscalía General de la República de no poder justificar su incremento patrimonial por un monto total de $271,314.65 dólares. Dos de sus hijos también están señalados.
El exlegislador presentó sus pruebas de descargo, pero se opuso a que la Corte de Cuentas nombrara un perito para examinarlas, dado que ese tribunal es del Estado y se convertiría en juez y parte contra él.
Sin embargo, la Corte de Cuentas no se pronuncia ante el juzgado que se lo ha solicitado tres veces, lo cual, según Mata Bennett, dilata innecesariamente el proceso.
La Cámara ya admitió una petición de los abogados de Mata para que se revocara la decisión de que la Corte envíe una nómina de posibles peritos.
“Ante la tercera vez que la Cámara que lleve el caso, ha vuelto a solicitar la nómina de posibles peritos al Presidente de la Corte de Cuentas de la Republica, quien ha hecho caso omiso a las dos anteriores peticiones que el tribunal le ha enviado, pese a advertencias de sanción”, dijo Mata.
“Hemos solicitado que la Cámara Ambiental de Santa Tecla haga efectivas sus propias advertencias de sanción al Presidente de la Corte de Cuentas y que el Tribunal cumpla con sus propias resoluciones de sancionar, de acuerdo con el Art 12 del Código Procesal Civil y Mercantil, en lugar de optar por seguir dilatando y dilatando el juicio”, subrayó.
El artículo 12 de ese Código establece que toda autoridad está obligada a colaborar con la justicia, y de no hacerlo, se impondrá una multa de hasta diez salarios mínimos, pudiendo ser también constitutivo de delito.
Mata Bennett cree que, en realidad, ”el presidente de la Corte de Cuentas no quiere meterse en este caso, porque ya entendió que poner un perito del Estado, siendo el Estado quien me demanda, desacredita totalmente el proceso ante la opinión pública y destruye la imparcialidad mínima que debe tener un juicio político como el mío”. Pero debe pronunciarse formalmente como se lo manda el tribunal.
La Cámara ha mandado oír a la Fiscalía para que dé su opinión sobre el tema.
La Corte de Cuentas no se ha pronunciado al respecto.
