La demanda en contra de la Comisionada Presidencial, Carolina Recinos, está por cumplir seis meses en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), sin anunciar adelantos al demandante, Héctor Silva, concejal de San Salvador. El martes pasado, Silva publicó en sus cuentas de redes sociales que el Tribunal seguía “sin hacer nada”.
“El pleno del Tribunal de Ética tiene en su poder las pruebas y el proceso sancionador contra Carolina Recinos desde enero y siguen sin hacer nada. Las pruebas son claras y la denunciada hasta renunció a su derecho de defensa. ¿Qué están esperando para sancionar?”, denunció Silva en Twitter. Silva demandó a la funcionaria por una posible infracción a la Ley de Ética Gubernamental al autorizar una beca de $25,200 para su nuera. Esto, a partir de una publicación de la revista Factum, en la que revelaron que la esposa de un hijo de Recinos, recibió una beca de $25,200 para estudiar una maestría en Rusia.
Según la investigación del medio, en su aplicación, Karen Alvarenga de Bernal usó sus apellidos de soltera, a pesar de estar casada con el hijo de la funcionaria desde enero de 2018. La beca fue parte de FANTEL, el cual había sido coordinado en esa fecha por la comisionada demandada.
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Recinos renunció a este cargo una semana antes de que el medio revelara la información. Su dimisión se publicó en el Diario Oficial el pasado 4 de enero. Silva también dijo que se deberían reformar las leyes vigentes, para establecer plazos a cumplir ante los procesos de demandas.
“Es necesario reformar la Ley de Ética Gubernamental para establecer tiempos claros en los procedimientos. De lo contrario el presidente del TEG y sus colegas, que se subieron el sueldo hace poco, se toman el tiempo que les da la gana y los procesos se estancan”, agregó Silva al hilo de Twitter.
La ley solo establece en su artículo 34 que una vez se ordene la apertura del procedimiento, la resolución respectiva será notificada al denunciante en su caso y al denunciado, para que en el plazo de cinco días, haga uso de su derecho de defensa.Transcurrido el plazo anterior, el Tribunal dispondrá de veinte días para recoger las pruebas pertinentes. Este plazo podrá ampliarse hasta por un máximo de quince días, si la complejidad de la investigación lo requiere y mediando resolución debidamente motivada.
Silva reveló en enero que la comisionada había renunciado a su derecho de defensa, pero no hay avances.
En 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró la visa a Recinos y anunció bloqueos a sus propiedades e intereses. La nación norteamericana la acusa de haber dirigido “un esquema de corrupción multimillonario”.
Meses antes, la funcionaria ya tenía prohibido entrar a Estados Unidos, luego de figurar en el listado de funcionarios corruptos, conocido como la Lista Engel, publicado por el gobierno estadounidense en julio de 2021.