Las 225 familias que componen las comunidades de Flor de Mangle y Condadillo, en Conchagua, La Unión, han recibido un ultimátum por parte del Gobierno: tienen solamente diciembre para desalojar sus viviendas, porque están por entrar las máquinas para iniciar la construcción del Aeropuerto del Pacífico, uno de los megaproyectos insignia del Gobierno de Nayib Bukele.
El uso de leyes e iniciativas económicas para impulsar despojo de tierras, especialmente en comunidades rurales, es una de las transgresiones a derechos humanos que han informado organizaciones civiles a la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
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Ángel Flores, de la Coalición Nacional para el Derecho a un Ambiente Sano (CONADAM), confirmó este ultimátum del Gobierno, que está aplicando la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita, "que es una ley que facilita la expropiación de tierras de manera expedita, y es la que se está aplicando a las familias de Flor de Mangle y Condadillo, para arrebatar las tierras bajo la categoría de nominarlas de interés público, que lamentablemente, desde 2022 que se anuncia este megaproyecto, se violenta una serie de derechos, como a la consulta, a estar previamente informados, a hacer los estudios respectivos para ver el nivel ambiental que esto implica, tomando en cuenta que este proyecto del Aeropuerto del Pacífico va a tener una afectación tanto en el ámbito económico como social y también ambiental, ya que está a un costado del manglar del estero El Tamarindo".
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La construcción de este aeropuerto impactará a "más de 600 hectáreas de área agrícola que está siendo utilizada para producción de hortalizas y granos básicos", indicó Flores.
Agregó que "el mismo Estado no está aplicando esta ley a cabalidad, tomando en cuenta que a las comunidades de Flor de Mangle y Condadillo se les ha dado hasta este mes de diciembre para desalojar las comunidades, cuando a los pobladores no se les ha reconocido el valor de sus tierras".
José Elmer Martínez Rivera, presidente de la cooperativa Flor de Mangle, explicó que este asentamiento nació en 2001 y que, cuando representantes del Gobierno llegaron en 2022, les ofrecieron que les construirían viviendas dignas, pero solo quedó en promesas, aseguró.
Ahora, explica que les están ofreciendo $8,000 por manzana, una cantidad que no les alcanza para comprar una vivienda en la zona, pues con el megaproyecto en puertas los precios se han disparado. Dijo que del Gobierno los mandaron a buscar solares o viviendas para trasladarse; él halló una casa, pero cuesta $60,000.
Ante promesas de que se salgan de la zona y que luego les construirán viviendas, don José Elmer expresó que "yo no me puedo pasar durante no me den la escritura y las llaves de la casa. Aunque me pase la máquina ahí, que hagan lo que ellos quieran, por reclamar mis derechos y el de todos".
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