La Fiscalía General de la República (FGR) ha declarado como reservada la información relacionada a las prestaciones y beneficios que tienen los empleados de esta institución, los cuales son pagados con fondos públicos.
La institución argumenta la reserva de esa información en que “puede poner en peligro y derivar en una afectación a la salud, la seguridad y la vida de los empleados y funcionarios y sus familias”, según los establecen los literales d) y h) del artículo 19 de la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP).
“La reserva de la información que contiene este documento es de carácter total y solo podrá tener acceso el personal de la Fiscalía General de la República que por el ejercicio de sus funciones deba tener conocimiento de la misma, así como por aquellas personas que en atención a sus funciones estén autorizadas para tales efectos”, indica la declaratoria.
Injustificada
Sin embargo, especialistas en transparencia y anticorrupción consideran que las prestaciones salariales y todos los beneficios económicos que reciben los empleados de gobierno deben ser de carácter público porque no se trata de datos personales y por tanto deben ser de conocimiento de toda la población.
Ruth López, Jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, explica que cuando se reserva información debe ser bajo una fundamentación legal, en la que no es suficiente que la entidad solo cite los artículos que considera le permiten denegar la entrega de información, sino que explique las razones que le motivan a hacerlo”.
“Se advierte que la reserva de la FGR no podría sustentarse ni el inciso d) ni en el h) del artículo 19 ya que co- nocer las prestaciones y beneficios del personal de la FGR de ninguna mane- ra no pone en peligro evidente la vi- da, la seguridad o la salud de los trabajadores, ni podría generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”, asegura López.
La abogada considera que “es absurda la justificación que FGR, garante de la ley según la Constitución, se está blindando, para no informar si el personal de la FGR posee o no seguros médicos privados, bonos, tarjetas de super, salarios extras o cualquier beneficio” agregó.
Para López es importante que la población conozca cómo se gestiona el gasto público y advertir si hay prestaciones en exceso o beneficios no contemplados en Ley.
No es un riesgo
En ese mismo sentido, Carlos Palomo, técnico de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), considera que la reserva en ese caso no es aplicable y coincide que ese tipo de información no causa ningún riesgo.
“No causa riesgos de seguridad saber si poseen bonificaciones, seguros o cosas por el estilo, siempre que no se individualice a los receptores de dichas prestaciones”, expuso.
Asimismo Palomo agrega que cuando se están utilizando fondos y recursos públicos, la gente tiene derecho a conocer el tipo y cuantía de las prestaciones o beneficios adicionales, al menos en términos generales.
“No es peligroso que se sepa cuáles son los beneficios adicionales; de hecho, hay una obligación de transparentar eso para que la población pueda juzgar si son adecuados o no, si representan una carga financiera desmedida, entre otras cosas. Siempre y cuando no se den nombres, no hay riesgo real, ni aparente”, explicó Palomo.
Para el técnico de TRACODA la razón por la que debe conocerse esa información es porque con dichos datos podemos exigir rendición de cuentas, evaluar la pertinencia de dichas prestaciones, opinar sobre si son correctas o no.
“Inclusive, la gente podría juzgar que son insuficientes para la cantidad de trabajo, por eso es tan importante que esos datos, que le pertenecen al público, estén a disposición de todas las personas”, enfatizó.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, explicó que es una reserva cuestionable e indebida, porque los datos generales de los be- neficios, cuántos empleados lo reciben, el costo anual de los beneficios, de ninguna manera ponen en peligro a ninguna persona, siempre y cuando no se identifique a quienes los reciben.
“Hay un actuar de las instituciones estatales de aplicar la reserva de forma indiscriminada sin cumplir los requisitos que ordena la ley y sin fundamentar adecuadamente la reserva”, manifestó.
La Fiscalía, bajo el mando de Ro- dolfo Antonio Delgado Montes, ha impuesto 22 reservas de información, desde diciembre de 2022 hasta la fecha.
Entre la información reservada por la actual administración fiscal están los datos estadísticos sobre fosas y cementerios clandestinos, procesos de licitaciones y contrataciones, viajes realizados por los funcionarios, informes y estados financieros, entre otros.