El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción destaca que en El Salvador persisten importantes retos en materia de transparencia, acceso a la información, apertura estatal, combate a la corrupción y respeto a los derechos fundamentales.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción el consorcio presentó un diagnóstico de la situación de transparencia y combate a la corrupción en el que señala que la práctica de la corrupción debilita a las instituciones públicas y con esto acrecientan las desigualdades.
La integrante del consorcio, Ruth López, destacó que el flagelo de la corrupción afecta a toda la ciudadanía y que es atemporal.
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“Cuando hay corrupción hay vulneraciones de derechos. Si no hay una garantía plena de la lucha contra la corrupción y no hay resultados de esa, terminamos afectados en nuestros derechos”, aseveró.
El consorcio alertó que al existir casos de corrupción se reducen las oportunidades de desarrollo del país.
Los Índices
Tanto los resultados de indicadores como de estudios de organizaciones nacionales e internacionales muestran un claro estancamiento en cuanto a combate a la corrupción en El Salvador.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), presentado por Transparencia Internacional en enero de 2024, ubica a El Salvador en la posición 126 (de 180 países evaluados), con una puntuación de 31 de 100 puntos posibles, en donde cero significa mayor nivel de corrupción y 100 menor nivel.
Por tanto, el país mantiene una tendencia a la baja en combatir las prácticas corruptas durante los últimos años.
El Índice de Presupuesto Abierto (OBI), publicado en mayo de 2024 por el International Budget Partnership, otorga a El Salvador 24 puntos, situándose en la categoría de países con mínima información presupuestaria disponible.
El OBI evalúa la cantidad y oportunidad de información presupuestaria publicada y El Salvador obtuvo un puntaje de 0.43/1.00; en donde uno es el mayor puntaje y cero es el menor.
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Según esos indicadores, en el país persisten los retos en la honestidad en la administración pública.
“Esto nos muestra retos importantes para la transparencia, el combate a la corrupción y el combate a las libertades fundamentales”, dijo Jessica Estrada, integrante del consorcio.
En general, se evidencia un notorio deterioro en materia de acceso a la información y en la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Además, derechos como el de libertad de expresión, de asociación y de reunión continúan debilitándose, ya que se encuentran bajo constante amenaza, relató el consorcio.
“Se ha evidenciado la opacidad de la gestión pública en medidas clave como la implementación del régimen de excepción vigente en la actualidad”, añade el consorcio.
Sobre los retrocesos en transparencia y acceso a la información pública los informes locales, como el de mayo de 2024 de Acción Ciudadana, determinó que los entes evaluados publican menos del 50% de información oficiosa, o sea, aquella que debe ser transmitida sin que sea solicitada por alguna persona.
También, que entre las áreas de información que reportan niveles de cumplimiento más bajos se encuentra la información financiera.
Por una parte, en materia de transparencia activa se concluye que en 2023 se tuvo acceso al 49% de información que estaba disponible en los portales de transparencia; en 2024 únicamente se tuvo acceso al 26% de dicha información y un 23% de información fue retirada o eliminada de los portales de transparencia.
Sobre la transparencia reactiva se señala que los 23 proyectos evaluados reflejan bajos niveles de transparencia reactiva en virtud que las entidades no proporcionaron la información requerida.
La denegatoria y reserva de información pública también se ha profundizado con el régimen de excepción, como se reflejó en el informe "El silencio no es opción" de Cristosal, con el que presentó solicitudes de información; pero todas las peticiones fueron rechazadas por falta de datos generados e información reservada.
Sobre esto, organismos internacionales se han pronunciado sobre la falta de acceso a la información en este contexto, como Amnistía Internacional, la cual señaló que durante la vigencia del régimen se ha verificado el aumento de acciones estatales que vulneran el acceso a la información pública, tales como el ocultamiento y manipulación de información pública.
De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó su preocupación ante la existencia de serias alegaciones sobre restricciones de acceso a la información pública en este contexto, en particular aquella relativa a temas que permitirían monitorear y evaluar el contexto de seguridad y el régimen de excepción.
La CIDH considera que es esencial que el Estado atienda las alegaciones presentadas en torno al uso desmedido y desproporcionado de la figura de la reserva como mecanismo que limita el acceso a información pública.
“No todas las instituciones cuentan con portales de transparencia que estén debidamente actualizados. Esto contraviene lo prescrito en estándares internacionales como la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, de la Organización de los Estados Americanos que establece que las limitaciones al acceso a la información deben ser excepcionales, fundamentadas y basadas en una causal de reserva regulada por la ley”, indicó el consorcio.
¿Prevención de la corrupción?
En cuanto a condenas en procesos penales por delitos vinculados a la corrupción, destacó el consorcio la condena a ocho años de prisión contra un expresidente de la República por lavado de dinero y activos, así como la condena a 24 años y ocho meses a una exalcaldesa por los delitos de peculado, negociaciones ilícitas y malversación; esto luego de que se comprobara el otorgamiento de obras públicas a cambio de a dádivas con empresarios.
Por otra parte, a partir del informe Monitoreo sobre probidad en la función pública 2024 de Acción Ciudadana, se evidencian altos niveles de incumplimiento respecto de la obligación de presentar las declaraciones de patrimonio de parte de los sujetos obligados que ejercieron funciones en el Órgano Ejecutivo y Legislativo. A lo cual suma que, se observa "una parálisis en la Sección de Probidad y la Corte Suprema de Justicia”.
Asimismo, el Tribunal de Ética Gubernamental, en su memoria de labores correspondiente a junio de 2023 y mayo de 2024', indica que en dicho tribunal se finalizaron 200 procedimientos sancionadores, y que en 22 casos las sentencias emitidas se impusieron sanciones, de conformidad con lo regulado por la Ley de Ética Gubernamental.
Según Acción Ciudadana, el TEG es la institución que reporta el mayor nivel de cumplimiento en publicación de información oficiosa; pero esta se ha reducido en el último año ya que "se ha encontrado información desactualizada e incompleta en algunas categorías".
Según los informes de Cristosal, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se ha convertido en una institución decorativa que no garantiza el cumplimiento de la ley.
“El retroceso del IAlP ha sido tal, que sus titulares fueron incluidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos", señaló el consorcio.
Cuidar al denunciante
Para el integrante del consorcio, Eduardo Escobar, un pilar fundamental en la búsqueda de la prevención de la corrupción es la protección del o de los denunciantes.
“Ya sea de un ciudadano o empleado o funcionario público que sabe que ocurrió. Si no hay una tutela a esta persona o no hay las garantías para resguardarla de cualquier acto en su contra no se puede denunciar”, dijo Escobar.
Para el experto la protección solo se logra cuando existe la separación de poderes.