Un miembro de la corporación policial, una mujer señalada de dirigir a un grupo y otras cuatro personas de integrarlo, deberán de continuar en prisión luego que el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana decretó que el proceso continúe en la siguiente etapa después que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó del delito de tráfico ilegal de personas.
Las investigaciones de las autoridades indicaron que cada miembro de la estructura cumplía un rol específico.
Durante la audiencia especial de imposición de medidas se estableció que una mujer es, presuntamente, quien dirige el grupo.
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Este también es integrado por un miembro de la corporación policial, otros dos hombres e igual cantidad de mujeres, entre ellas una originaria de Honduras.
Un reporte de Centros Judiciales consignó que los sujetos enfrentan cargos por los delitos de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública y la seguridad del Estado.
Además de tráfico ilegal de personas en perjuicio de la humanidad, y subsidiariamente en 13 víctimas en cuatro casos específicos.
La supuesta dirigente del grupo también está acusada por la Fiscalía General de casos especiales de lavado de dinero y activos.
Esto debido a que al momento de su detención, le incautaron $41,000 que no pudo justificar.
El agente policial y una de las mujeres también enfrentan cargos por casos especiales del delito de encubrimiento en el caso de lavado de dinero.
“Las investigaciones indican que cada uno de los imputados cumplía un rol específico dentro de la estructura criminal, desde la coordinación, a cargo de la cabecilla, hasta funciones de promoción, guía y transporte”, de acuerdo al reporte
Los acusados utilizaban puntos no habilitados (puntos ciegos) para sacar a las víctimas del país.
En algunos casos cruzaban por la frontera en Las Chinamas, en el distrito de Ahuachapán, Ahuachapán Centro.
Los cobros por estos servicios oscilaban entre $5,000 y $16,000.
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“Al concluir la audiencia, el juez determinó que la Fiscalía presentó suficientes pruebas indiciarias para sustentar la existencia de los delitos y la posible participación de los acusados. Por lo tanto, ordenó la detención provisional de los imputados mientras el proceso penal avanza a la etapa de instrucción”, prosiguió el informe.
Las detenciones fueron realizadas el 5 de octubre en los distritos de San Juan Opico, La Libertad Centro; Soyapango, San Salvador Este; en San Pedro Perulapán y Suchitoto de Cuscatlán Norte; en Jutiapa, Cabañas Oeste y Chalatenango, de acuerdo a un informe fiscal.
En el procedimiento fueron decomisados siete vehículos, entre sedán y pick ups, dos motocicletas, armas cortas, tres cargadores, diez cartuchos, seis teléfonos celulares y documentos relacionados a la investigación.