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Envían a prisión a 21 acusados de vender y distribuir drogas en San Salvador
Entre los acusados hay algunos a los que les atribuyen incumplimiento de deberes y revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial.
Un grupo de 21 personas que fueron capturadas en un operativo a principios de este mes bajo acusadas de conformar una estructura dedicada al narcomenudeo fueron enviadas a prisión provisional para ser investigadas.
A algunos de los acusados les imputan cargos por tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas.
A otros les acusan por incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial y agrupaciones ilícitas, según ha precisado el Órgano Judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 6 de noviembre pasado que había desarticulado una estructura dedicada al comercio de drogas al por menor en la comunidad Tutunichapa, del distrito de San Salvador. Entonces, indicó que había librado 51 órdenes de detención.
En el procedimiento fueron decomisados vehículos, motocicletas, dinero en efectivo y “otros objetos” según detalló la Fiscalía, aunque no reveló si encontró porciones de drogas en las casas allanadas.
Tras la audiencia inicial, el reporte judicial añade que esta estructura operaba en mercados de los distritos de Apopa, Soyapango e Ilopango y en departamentos de la zona oriental, vendiendo o distribuyendo marihuana, cocaína y crack.
Eran investigados desde 2022 y tenían un alto grado organizativo compuesto por líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes. Además, estarían vinculadas a Edgardo Bruno Ventura, capturado en 2023, y acusado de mover droga en amplios sectores de la capital.
Dentro de las pruebas que incriminarían a los acusados perfiles delincuenciales, escuchas telefónicas y actas de entrevista a los agentes destacados en el operativo de captura.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador dio un plazo de seis meses a la FGR para ampliar la investigación.