Un nutrido grupo de 84 congresistas estadounidenses envió una carta al presidente de Estados Unidos, su secretario de Seguridad Nacional y su secretario de Estado para urgir que se expanda el Programa de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los salvadoreños.
Además, piden que se extienda este beneficio migratorio a guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses.
“Hemos visto con preocupación el empeoramiento de la crisis humanitaria en los países de Centroamérica después de los huracanes Eta y Iota en 2020, seguidos por una severa sequía y la pandemia del covid-19”, reza la carta que los legisladores enviaron a Joe Biden, Alejandro Mayorkas y el canciller Antony Blinken.
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Los congresistas añaden que volver a designar a El Salvador como país elegible al TPS sumar mucho para apoyar a esta comunidad en Estados Unidos y que estos, por su parte, puedan ayudar a sus familias en su país natal.
El grupo de congresistas de ambos partidos dieron cuenta del impacto de los huracanes Eta y Iota en 2020, los cuales golpearon a más de 9 millones de personas, incluyendo a 3.5 millones de niños. “Los huracanes también dejaron daños a largo plazo, destruyendo locales de salud, centros educativos e infraestructura clave para la vida cotidiana”, señalan.
Asimismo, reconocen el impacto de la pandemia de covid-19 en una baja significativa de remesas en 2020.
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Reducir causas de la migración
Al ampliar los beneficios del TPS para salvadoreños y otros centroamericanos, los congresistas consideran que el gobierno de Joe Biden estaría ayudando a mitigar el efecto de la pobreza y el cambio climático como factores que motivan la migración irregular hacia Estados Unidos.
“Estados Unidos debe responder a la situación de Centroamérica agregando el TPS al abanico de opciones de asistencia a Centroamérica como parte de los esfuerzos de reducir la corrupción, la impunidad y la violencia en la región”, sostienen.
Además, afirman que el panorama del istmo muestra “condiciones extraordinarias y temporales” que impedirían un retorno seguro para quienes han ingresado de manera irregular a Estados Unidos.
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“Además, estas designaciones (ampliar el TPS) proveerían a los Estados Unidos importantes herramientas para prevenir las causas de la migración al incrementar el flujo de remesas y apoyar los esfuerzos del gobierno de abordar las condiciones domésticas de cada país sin tener que forzar el retorno masivo de personas”, dicen los legisladores en su misiva.
Institucionalidad débil
Además de las circunstancias ambientales, económicas y de seguridad, los congresistas reconocen una debilidad institucional y un golpe al Estado de derecho. Esto amenaza a sectores que son críticos de sus gobiernos y abren puertas a otro tipo de migración, reconocen.
Si bien sitúan a Nicaragua como el caso emblemático de esta persecución a voces críticas, “situaciones similares han emergido el último año en El Salvador y Guatemala”, señalan.