El país se encuentra en estado de emergencia nacional en todo el territorio por un plazo de 15 días, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara el decreto que envió Casa Presidencial, la noche del domingo.
Según la bancada oficialista de Nuevas Ideas, se aprobó el estado de emergencia luego que dos personas, incluyendo un menor de edad, habían sido arrastrados por una correntada en el municipio de Anamorós; y para “resguardar la vida de las y los salvadoreños”.
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“La depresión tropical se convirtió en tormenta. En el proceso por el territorio se esperaba que se mantuviera como tormenta y que entre lunes y martes pueda darse el periodo más intenso, en la medida de cercanía a las costas”, dijo Sandra Martínez, diputada y meteoróloga, durante su intervención en sesión plenaria extraordinaria, la noche del domingo pasado.
Con el decreto de emergencia se faculta a la Dirección General de Protección Civil que evacúe obligatoriamente a la población en riesgo y que haga uso de los mecanismos coercitivos necesarios con el fin de proteger el derecho a la vida.
Y la población calificada como “en riesgo” deberá atender obligatoriamente la orden de evacuación de la autoridad competente.
Asimismo, se faculta a Protección Civil a gestionar con entidades públicas y privadas el uso de infraestructura en muebles que sirvan como centros de acopio y albergues temporales; asimismo, al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte a gestionar tareas de remoción de escombros y rehabilitación de infraestructuras dañadas, a consecuencia del fenómeno natural ya sea con empresas privadas, según sea el caso y estas empresas atenderán obligatoriamente estas gestiones.
La diputada del FMLN, Marleni Funes, recordó que en El Salvador muchos viven en una situación vulnerable y que con estos episodios de desastres naturales su situación empeora aún más.
“El Estado tendrá las herramientas legales, económicas y bastas para poder llegar hasta el último rincón del país, pero muchas veces no es posible que llegue, no tal vez porque no quiera, sino porque desconoce que hay una emergencia”, dijo Funes.
Y ante ello agregó: “Quiero invitar a todos los creadores de contenido y a todos para usar nuestros dispositivos para que el Estado pueda llegar hasta el último lugar donde haya una emergencia”.
La diputada Claudia Ortiz opinó que “miles de familias corren peligro con cada tormenta. La mitigación tarda y tener vivienda digna es muy difícil. Que la ayuda llegue a tiempo y que ningún funcionario se aproveche”.
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La memoria de labores del Ministerio de Gobernación de junio 2022 a mayo 2023 indica que recibió $40.8 millones del FOPROMID, de los cuales se ejecutaron $37.7 millones en cinco áreas: $30.7 millones en el régimen de excepción, $2.7 millones en la emergencia por el huracán Julia, $1.6 millones en proyectos de fortalecimiento de Protección Civil, $1.4 millones en familias afectadas en la residencial Brisas de San Francisco y más de $1 millón en la emergencia nacional por incendios forestales.