Juan Renderos dice que la prueba de que su arresto fue un acto arbitrario, de parte de policías, es que está libre, porque tras casi cinco meses, agentes de la PNC y fiscales no pudieron sostener la acusación de que él es pandillero. El nombre verdadero de Juan se ha cambiado por su seguridad y para no afectarlo, pues aún continúa atado a un proceso judicial.
Juan llegó al centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, a mediados de abril. En los días más duros para los prisioneros bajo el régimen de excepción.
Los custodios cumplían, al pie de la letra, las afirmaciones de funcionarios, incluyendo el mismo presidente Nayib Bukele.
Para Juan, todo lo que soportó en Mariona no tiene otro nombre más que tortura; tortura física y psicológica. Así de simple, dice.
La tortura física comenzaba al ingresar: en cuanto llegaban los custodios, les daban una golpiza de no menos de cuatro golpes, con tal fuerza que muchos no se reponían en dos o tres días, tiempo que pasaban tendidos en el piso.
Solo los alimentaban con una tortilla con frijoles cada día, no les daban agua para beber, les echaban gas lacrimógeno en las celdas, los contaban hasta tres veces en la noche para no dejarlos dormir.
“Malditos, ustedes son la escoria del país. El señor presidente no los quiere; tenemos órdenes de que ustedes se mueran, tenemos órdenes de no darles ni de hartar pero nosotros, todavía de vergones, les damos una tortilla, perros”.
Eso era parte de la tortura psicológica que los custodios les infligían. Eso les gritaban frecuentemente o cuando alguien se quejaba de algún dolor o pedían ayuda para algún enfermo o desmayado.
VER: “Toda la gente ha muerto allí; los llevan ya muertos al hospital”, relata exrecluso de Mariona
Con Juan, los custodios se ensañaron. A la mayoría de reclusos, les daban tres o cuatro golpes. A él, le propinaron más de 10.
“Me agarraron como si estaban aporreando frijol. Pasé tirado tres días, que no podía ni moverme”, relata, añadiendo que, en cuanto logre juntar algún dinero, buscará hacerse un chequeo médico porque se siente mal. “Yo antes no padecía de ninguna enfermedad pero hoy me siento mareado a veces”, dice.
“Los primeros días fueron duros; yo entré en lo más sangriento. Para los custodios, todos somos pandilleros. En esos días, toda lo que nos daban de comida era una tortilla para todo el día, hasta como a las 6:00 de la tarde nos daban otra”.
“Sinceramente, a mí no me da pena decir que solo llorando pasaba: porque la mente de uno no está preparada para eso”, comenta Juan, sobre el tiempo que pasó en la celda 30, del sector cinco, en donde ingresó, junto a pandilleros y personas con tatuajes artísticos.
“Fue triste para mi ver morir personas inocentes. En la celda 32 vi morir gente. Fueron tres jóvenes. Se miraban sanitos, pero de repente caían desmayados. Uno pedía ayuda pero nadie llegaba. A veces, entre nosotros mismos, tratábamos de auxiliarlos, dándoles aire, volvían en sí, pero al rato volvían a caer y ya estaban muertos”.
¿Por qué murieron?
“Creo que es por la misma presión de estar detenido y pagando lo que uno no debe. Uno se aflige. Yo solo llorando pasaba”, detalla Juan, de cuarenta y tantos años de edad.
Lea más: Régimen de excepción se está volviendo “permanente”, advierte Celia Medrano
“Ahí lo matan a uno psicológicamente. Con la presión psicológica y los castigos de día y noche, mucha gente se ha sentido mal; algunos no aguantaron. Yo porque Dios es grande y nunca dejé de orar que me diera fuerza para luchar", comenta Juan mientras las lágrimas se asoman en su rostro demacrado.
Según Juan, los custodios les llegaban a gritar de todo, que eran malditos, que eran escorias, que el presidente los quería muertos, que eran perros.
“Allí no lo dejaban dormir a uno. A medianoche nos contaban hasta tres veces, y uno tenía que salir corriendo. De allí me fueron a meter a una celda de castigo, a todos, a las cuevas. La celda era para 20 y habíamos casi 100. Allí no se dormía, no había espacio para acostarse; solo podía estar parado y acurrucado, día y noche”, aseguró.
La crueldad en los centros penales, según Juan, llegó a tal punto de que no se podía ni hablar; no se debía hacer ningún ruido, menos gritar pidiendo ayuda, porque la respuesta era que llegaban los custodios a aventar granadas de gas lacrimógeno en las cuevas.
También: José Marinero: “El Gobierno no ha podido responder qué sigue después del régimen de excepción”
De acuerdo con Juan, cuando miraban caer la granada en la bartolina, el encargado de la celda mandaba a los más ancianos y débiles a la puerta, para que tuvieran más posibilidades de respirar, y a los más jóvenes al fondo de la cueva.
Todos se quitaban las camisas y las agitaban con la esperanza de sacar el gas. “Es triste, es duro eso. Solo tratan de hacerle daño a uno”, comenta Juan, agregando que durante el estuvo en prisión, los “gasearon” tres veces.
Otra forma de castigo, afirma el exprisionero, era quitándoles el agua. Nadie se bañaba, nadie defecaba. Nadie bebía.
Juan afirma que pasó 13 días sin defecar. Hasta que el encargado de la celda determinaba que ya era demasiado tiempo, autorizaba defecar.
“Viví eso como dos meses. Uno se aguantaba hasta 13 o 15 días sin ir a defecar. Ya cuando el encargado miraba que ya uno ya no soportaba el dolor, entonces autorizaba. Si alguien desobedecía se reportaba a los custodios para que le dieran una corrección".
“Honestamente, ante un Dios que me ve, le digo: yo llegué a tomar agua con excremento y orina. Hay quienes lamían la pila del agua que se le echaba a los servicios”, comenta Juan, quien también afirma que muchas veces la tortilla con frijoles se las entregaban arruinadas pero así tenían que comerlas, para no morirse de hambre.
En los seis meses que lleva de estar en vigencia el régimen de excepción, se han conocido más de 80 casos de personas que murieron mientras estaban en centros penitenciarios, bajo la responsabilidad de agentes del Estado.
Algunos cadáveres, según familiares, presentaban signos de golpizas, quemaduras o heridas suturadas.
El Gobierno ha guardado silencio ante las reiteradas exigencias de familiares que piden investigación de esas muertes sin que, hasta el momento, el Estado haya dado respuestas a esas demandas de justicia.
De los más de 80 casos conocidos de personas muertas mientras estaban en prisión, apenas dos tenían tatuajes alusivos a pandillas.
Tres organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en contra del Estado salvadoreño “por violaciones a derechos humanos de 152 personas detenidas durante el régimen de excepción”.
Entre los habeas corpus presentados está uno en el que el solicitante es un menor de edad cuyos padres fueron detenidos.