15 servidores y exservidores públicos fueron sancionados en lo que va del 2024 por faltas éticas, según datos oficiales. Las personas fueron sancionadas con multas entre los $300 hasta más de $5,800 por las faltas señaladas.
Según detalla el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), ha multado de uno a tres servidores o funcionarios públicos por cada mes, de enero a octubre de este año. Los datos muestran cargos e instituciones, más no los nombres de las personas sancionadas.
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Si bien son 15 los servidores públicos sancionados, el TEG impuso 17 multas para el mismo periodo, en tanto a que hay algunos con más de una práctica antiética.
En los registros generales del TEG aparece que el 25 de enero fue impuesta una sanción al exalcalde de San Juan Opico, Roberto Enrique Alas Reyes, por nombrar, contratar, promover o ascender en la misma alcaldía a alguien que pudo ser su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio. La multa fue por $304.17.
En febrero, un terapista respiratorio y tecnólogo en anestesia fue sancionado por $1,095 por la falta ética de percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto estatal, cuando las labores debían ejercerse en el mismo horario.
El especialista se desempeñaba en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y en el Hospital Nacional de El Salvador simultáneamente, su multa fue de $1,095.
En marzo hubo tres sanciones. La primera fue impuesta a un asistente de ventas de la Agencia de Santa Ana del Fondo Social para la Vivienda (FSV) por $547.50.
La falta ética del asistente fue la de no excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes o socio tuvieron algún conflicto de interés.
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La segunda multa se le impuso a un coordinador de la sección de Educación Departamental de Ciencias y Humanidades y miembro de la Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador (UES), por $547.50.
El empleado de la UES no se excusó de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio tuvieron algún conflicto de interés. La tercera sanción impuesta en marzo fue a un empleado de un Tribunal de Zacatecoluca, del Órgano Judicial, acusado de realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, por $1,825.
En abril se sancionó a una regidora del exconsejo municipal de Cojutepeque con $450 por hacer actividades privadas en su jornada laboral.
En mayo solo se multó a un servidor público del ministerio de Economía, pero recibió dos multas, por no haber utilizado los bienes, fondos, recursos o servicios públicos solo para el cumplimiento de los fines institucionales fue multado con $365; y porque exigió o solicitó a sus subordinados que emplearan el tiempo ordinario de labores para actividades ajenas, fue multado también por $365.
En junio, una empleada del Centro Escolar Fray Flavián Mucci, de Sonsonate, fue sancionada por realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo por $547.50.
En julio se sancionó a un colaborador del disuelto Consejo Superior para la Salud Pública (CSSP) por realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, salvo las permitidas por la ley.
La falta ética la cometió el exjefe de Oficina Tramitadora de Denuncia, con cargo funcional de resolutor de la Unidad Jurídica y su multa fue por $730.
También a un exempleado del Centro Nacional de Registros (CNR) por aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscabaron la imparcialidad o provocaron un conflicto de interés en el desempeño de su función pública. La multa para el exservidor público fue de $730.
A quien desempeña una jefatura en la administración del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla se le impuso el 24 de julio una multa por $730 por realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo.
En agosto se impuso una multa de $1,095 a un colaborador del Órgano Judicial por realizar actividades privadas durante su jornada laboral. El cargo del servidor sancionado es el de colaborador judicial B-II y secretario de Primera Instancia II del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil en San Francisco Gotera.
Finalmente, las últimas sanciones impuestas datan del mes de octubre para tres servidores públicos del ministerio de Educación.
Un exdirector del Instituto Nacional "General Francisco Morazán" de San Salvador fue multado por $5,840 por no utilizar los bienes, fondos, recursos o servicios públicos para el fin institucional y por $1,338 porque no se excusó de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tuvieron algún conflicto de interés.
De la misma institución fue sancionado un colaborador administrativo por realizar actividades privadas en su horario de trabajo, por un monto de $730.
Finalmente se sancionó el pasado 14 de octubre a una docente del Centro Escolar "Dr. Carlo González" del departamento de San Vicente, debido a que no se excusó de intervenir o participar en asuntos en los cuales ella, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, y cayó en un conflicto de interés.
Cultura de ética
El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda, explicó a El Diario de Hoy que como institución deben "culturizar" a los servidores públicos.
Para Castaneda hace falta recordarles a los servidores y funcionarios que cuando hay un conflicto de interés lo que tienen que hacer es excusarse de participar.
"También se da mucho la actividades privadas que realizan. Hay un horario para el servidor público, pero muchas veces tienen su negocio particular y dejan el trabajo y se van a atender", dijo.
Para el presidente del Tribunal a veces el corrupto también es el usuario que llega a corromper al servidor: "Le ofrece algo y ahí se hace la relación de corrupción, así que tanto es responsable el público como el privado".