De enero a julio de 2024, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) difundió casi una veintena de las sanciones emitidas a servidores públicos por diferentes faltas a la Ley de Ética, como recibir remuneraciones múltiples.
Las sanciones fueron aplicadas a cuatro empleados administrativos de anteriores alcaldías, un exalcalde, dos exalcaldesas, una síndica, cuatro profesionales de la salud, dos docentes y una empleada administrativa de un juzgado. Cada una de las sanciones impuestas fueron a funcionarios de concejos municipales que ya no ejercen en el cargo.
Los incumplimientos éticos que los servidores públicos habrían cometido tuvieron que ver con no excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales ellos mismos, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés; realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, salvo las permitidas por la ley.
DE INTERÉS: 464 servidores públicos sancionados por el TEG desde 2007
Asimismo, utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados y la de percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado, cuando las labores deban ejercerse en el mismo horario.
Entre los sancionados está la exalcaldesa de Salcoatitán, Blanca Maribel Solano de Sosa, a quien se le impuso una sanción de $1,460 por haber realizado dos viajes al extranjero, por motivos de turismo, sin contar con los permisos correspondientes y en cuyos lapsos de tiempo percibió el salario correspondiente, sufragado con fondos públicos.
Al exalcalde de Conchagua, Jesús Abelino Medina Flores, se le sancionó con $6,083.40 por habérsele señalado de intervenir o participar en procedimientos de selección y contratación de la empresa o establecimiento comercial propiedad de su compañera de vida o conviviente.
Mientras que al exgerente administrativo y financiero de la antigua alcaldía de Cuscatancingo se le sancionó porque de los fondos públicos municipales se otorgó un préstamo o anticipo para un fin particular a otra colaboradora municipal, por lo que su sanción fue de $1,000.
“Un funcionario o empleado público, en su trabajo cotidiano, no ha de orientar sus acciones ni los recursos que gestione hacia beneficios personales, sectoriales u otros, sino hacia objetivos que se vinculen de forma específica con las atribuciones y funciones propias de la institución en la que se desempeña”, aclara el Tribunal.
El monto de la sanción aplicada al extercer regidor propietario y subgerente de servicios generales ad honorem de la anterior alcaldía municipal de Cuscatancingo fue de $365, por incumplir con el uso adecuado de recursos del Estado y del uso discrecional de vehículos nacionales.
“El desempeño de una función pública no debe visualizarse como una oportunidad para satisfacer intereses privados o sectoriales, ni para obtener beneficios o privilegios de ningún tipo, pues ello supondría una verdadera desnaturalización de la actividad estatal”, señala el TEG.
Al exgerente legal interino en la anterior alcaldía Municipal de Soyapango se le sancionó con $730 por las faltas éticas de prohibición de actividad privada.
“Cuando los servidores gubernamentales incumplen sus horarios de trabajo sin justificación alguna colateralmente se afecta el ejercicio de la función estatal, lo que incluso podría derivar en la prestación de servicios públicos ineficientes y en el retraso de los trámites administrativos o judiciales”, justifica el TEG.
Miedo y falta de interés
Según la directora del Área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Jessica Estrada, que las sanciones solo respondan a denuncias contra personal de servicio como médicos o docentes, pero no contra funcionarios públicos es porque la población estaría desanimada a denunciar, porque piensan que no vale la pena hacerlo, “ya que nada va a cambiar”.
Para Estrada, se combina el temor a denunciar y la falta de interés de la gente.
“Destaco el miedo que puede surgir al denunciar a alguien que ostenta un cargo alto en una determinada institución o alguien que se considera que tiene poder o ‘buenos contactos’ en el aparato estatal, porque la persona que desea denunciar sabe que hacerlo puede traer consecuencias directas para él o ella en lugar de una sanción para quien comete la infracción ética”, señaló la experta.
Estrada considera que es importante mantener campañas y otras acciones de formación para promover valores esenciales en la función pública y en la sociedad en general. Esto referente a valores como ética, probidad, transparencia e integridad.
“Retomando la razón de ser de la Ley de Ética Gubernamental, el propósito final es promover la ética en la función pública y sancionar prácticas contrarias a esta, por lo que la parte formativa debe ir acompañada de acciones concretas no solo del TEG, sino de otras instituciones para cumplir sus funciones de manera ética, no ser tolerantes a la corrupción y poner siempre en el centro de su trabajo a la ciudadanía”, propuso Estrada.
Por su parte, el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, consideraba que la primera razón por la que hay “pocas denuncias” es por la falta de conocimiento de la ciudadanía de la Ley de Ética Gubernamental y las obligaciones que tienen los funcionarios y de la entidad para denunciar algún incumplimiento (el TEG).
Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, coincide en que pueda deberse al desconocimiento de la población, al temor de alguna represalia (aunque existe una plataforma para denunciar de manera anónima), por la normalización de la corrupción o porque la ciudadanía advierte que su denuncia es inefectiva.
Adicionalmente, López señala falta de control de oficio por parte del Tribunal de Ética.
“Cuántos casos no se conocen durante las campañas electorales en la que se utilizan recursos públicos y el TEG no actúa o desestima las denuncias que presenta la ciudadanía. Desde Cristosal monitoreamos a las instituciones de Rendición de Cuentas y hemos podido comprobar su inefectividad para controlar la corrupción”, señaló López.
Un informe de Cristosal publicado en noviembre de 2023 evidencia que existe notable la disminución de sanciones impuestas en la primera mitad del año.
El periodo de recopilación de las faltas data de junio de 2018 a mayo de 2023 y señalan como mayores infractores a los servicios públicos de la Policía Nacional Civil, Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Educación.