La directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, en Washington, DC., Tamara Taraciuk Broner, concedió una entrevista al periódico peruano El Comercio en donde critica el régimen de excepción en El Salvador.
"Cuando la gente tiene miedo, está dispuesta a sacrificar libertades. El problema es qué pasa cuando no hay estado de derecho y las libertades de todos están en jaque", aseveró Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, en Washington, DC.
En una entrevista al periódico peruano El Comercio, Taraciuk Broner agregó que "en términos generales, la militarización de la seguridad pública no ha servido en la región. Hay muchos ejemplos de eso, que hace que nos sea una buena idea usar a los militares para tareas de seguridad pública porque, en teoría, están entrenados para la guerra y no para cuidar a la gente".
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La administración Bukele ha prolongado por 14 meses el Régimen de Excepción, desde el 22 de marzo del 2022 han sido capturados unos 68,720 presuntos pandilleros; de ellos han sido liberados unos 5,000 por no encontrarles vínculos con las pandillas. En noviembre del año pasado, se anunció por primera vez la estrategia de cercar ciudades.
Taraciuk Broner asegura que el problema en El Salvador es que producto de las medidas que adoptó la administración Bukele para concentrar el poder, "ha logrado adoptar el régimen de excepción, que ha permitido que se cometan todo tipo de abusos".
Human Rights Watch ha señalado que las políticas de seguridad adoptadas por el gobierno salvadoreño han resultado en violaciones generalizadas de los derechos humanos. La ONG sostiene que muchos salvadoreños sin vínculos con las pandillas han sido detenidos, especialmente en comunidades de bajos recursos.
Tres expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron el lunes a través de un comunicado que se derogue “inmediatamente” el régimen de excepción debido a que su prolongación violenta el derecho a un juicio justo.
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“El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el Gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, dijeron los expertos.
La directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, agregó que "hay ciertas dudas sobre cómo se contabilizan los homicidios, pero no hay ninguna duda de que han bajado. También han bajado los índices de extorsión. Ambos delitos han representado preocupaciones muy grandes y legítimas entre la población salvadoreña durante muchísimos años, y es entendible que cuando la gente tiene miedo esté dispuesta a sacrificar ciertas libertades".