El 27 de marzo de 2022, el Estado salvadoreño quedó al descubierto una vez más: era incapaz de contener las olas de homicidios cada vez que las pandillas ordenaban "abrir las válvulas", (incrementar homicidios), como medida de presión al gobierno. Lo habían hecho varias veces antes y el gobierno reaccionaba haciendo redadas y capturando sospechosos.
Pero el 27 de marzo reaccionó de una forma inusual, para contener nuevamente el baño de sangre que en tres días se cobró la vida de más de 80 personas: la Asamblea Legislativa decretó el régimen de excepción a petición del Órgano Ejecutivo, con el objetivo de capturar a todos los pandilleros, una medida que si bien dio prontos resultados, no tardó en mostrar que haría mucho daño a miles de familias.
Uno de los daños más graves del régimen de excepción ha sido la muerte de, al menos, 329 personas que estaban bajo la custodia del Estado luego de ser arrestadas bajo el delito de agrupaciones ilícitas, sin tener vínculos con pandillas, de acuerdo a decenas de testimonios de familiares de las víctimas.
La cifra de 329 fallecidos bajo el régimen de excepción es una estimación, hasta el 15 de diciembre de 2024, de la organización pro derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
"Lamentamos informar la confirmación de, al menos, 349 víctimas mortales del #RégimenDeExcepción durante los 33 meses de esta medida. 94% no tuvieron derecho a la segunda audiencia, murieron bajo la tutela del Estado", publicó dicha organización en su cuenta de X.
De acuerdo con Ingrid Escobar, directora del SJH, el 94% (329) de los 349 fallecidos en los 33 meses de vigencia del régimen de excepción, eran personas que fueron capturadas injusta y arbitrariamente, que no tenían vínculos con grupos de pandillas.
Familiares de muchas de esas 329 víctimas, han afirmado que los cuerpos de sus parientes presentaban heridas, quemaduras o golpes en diferentes partes, y sospechan que son señales de las torturas físicas a que fueron sometidas. Otras personas murieron a pocos días de ser entregados a sus familiares, en estado cadavérico, con enfermedades terminales, como cáncer, por ejemplo.
Una de las muertes ocurridas en el período de los 33 meses de vigencia del régimen de excepción fue la de Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez, quien a la fecha de su detención, 9 de agosto de 2023, era asesor de seguridad nacional y amigo personal de Nayib Bukele.
A más tardar el 11 de septiembre de 2024, el gobierno debía rendir un informe sobre la detención, desaparición forzada, posible tortura, y muerte de su propio asesor, Muyshondt Álvarez, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Sírvase proporcionar información acerca de la reclusión del Señor Muyshondt en régimen de incomunicación, así como las medidas adoptadas para garantizar su derecho a ser tratados con dignidad, a tener acceso a sus abogados y a visitas de sus familias, y garantías de juicio justo y debido proceso", rezaba el documento de la ONU.
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La muerte de Muyshondt Álvarez fue notificada a la familia el 7 de febrero de 2024. De acuerdo con revelaciones periodísticas, el funcionario y amigo de Bukele fue sometido a múltiples torturas.
Lo sucedido a Muyshondt Álvarez no es un caso particular. Muchos salvadoreños encarcelados bajo el régimen de excepción podrían haberlo sufrido también. Uno de esos casos es el del taxista jucuapense, Adrián Efraín Solórzano, cuya muerte, según un documento del Instituto de Medicina Legal (IML) fue por asfixia mecánica, es decir, que fue asesinado por ahorcamiento.
La cifra de 329 muertos en prisión que estaban encarcelados bajo el régimen de excepción, es sólo una estimación, según comentó Escobar, pues no hay ninguna información oficial al respecto. Muchas personas no saben si su pariente encarcelado sigue vivo o no. La duda tiene fundamento, pues se sabe que algunos reos han sido enterrados en fosas comunes.
Uno de estos casos fue el de Jesús Joya, una persona con discapacidad intelectual sepultada con otro nombre en una fosa común del cementerio La Bermeja. Su familia, oriunda de San Sebastián, San Vicente, no fue notificada de su muerte y seguían llevándole insumos de limpieza, roba y alimentos a la cárcel. Tras una investigación propia, los familiares de Jesús se enteraron cuando y donde lo habían sepultado y pidieron la exhumación de sus restos.
¿25,000 detenciones arbitrarias?
Hasta septiembre de este año, el Ministerio de Seguridad reportaba 81,900 "terroristas" detenidos bajo el régimen de excepción, desde su aprobación, el 27 de marzo de 2022. El gobierno en su conjunto, y funcionarios en particular, se han empeñado en difundir el discurso de que todos los capturados desde el 27 de marzo de 2022 son miembros de pandillas, "terroristas".
Lo anterior no es cierto. El mismo Bukele lo dejó claro el 12 de noviembre de 2024, en conferencia a periodistas costarricenses, en ocasión de una visita oficial a ese país, afirmó que 8,000 personas inocentes, capturadas bajo el régimen, habían sido liberadas. Agregó que el 100% de inocentes serían puestos en libertad.
Estimaciones del Socorro Jurídico Humanitario indican que de la totalidad de capturas realizadas bajo el régimen de excepción, un aproximado de 25 mil serían de personas inocentes.
"Nuestro estimado es 25 mil Inocentes por lo menos. Incluidos los 8 mil de los que habla bukele", detalló la directora de esa organización, que ha sido constantemente atacada por el gobierno, debido a sus actividades en defensa de los derechos humanos de personas inocentes.
Registros periodísticos han demostrado que muchas personas encarceladas injustamente, siguen en prisiones a pesar de la existencia de órdenes judiciales de ponerlas en libertad y que funcionarios de Centros Penales se han negado a hacerlas efectivas.
En octubre de este año se conoció que el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador, a esa fecha, había emitido 24 órdenes de libertad a favor de Melvin Eduardo Ortiz Cruz, 23 de ellas enviadas al Complejo Penitenciario de Izalco, y una al Centro Penitenciario de Seguridad de Ciudad Barrios.
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Ortiz Cruz fue capturado el 8 de marzo de 2023 y en octubre de 2024 continuaba preso, sin que ninguna institución, como Fiscalía o los mismos jueces, se atrevieran a encarar a los directores penitenciarios o al director general, Osiris Luna, por la desobediencia reiterada a la orden judicial.
Casos como el de Ortiz Cruz son muchos como tantos los familiares que parecen resignados a que "un milagro" o un golpe de suerte haga que sus familiares vuelvan a sus hogares, con sus familias.