La bancada cian llegó a la Asamblea el 1 de mayo y desde ese momento, las decisiones tomadas por la nueva fracción mayoritaria han sido de constantes golpes a la Constitución, al debido proceso de formación de ley, de expresiones elevadas de tono, de irrespeto hacia los diputados de la oposición política y recientemente hasta de actos violatorios a los derechos humanos, incluso en contra de sus mismos colegas del partido.
Sus 56 diputados propietarios se han reducido a 54 tras el retiro durante cinco meses al que han sido obligados los parlamentarios Gerardo Aguilar y José Garcia, acusados por Nuevas Ideas de conspirar para dividir al partido oficialista a cambio de prebendas y beneficios personales. Actualmente, Nuevas Ideas lleva un proceso de antejuicio en su contra para retirarles el fuero y ser procesados penalmente.
El último acto violatorio de derechos humanos es la orden de captura sin tener fundamentos legales en contra de un colaborador de ARENA, quien ingresó al pleno por directriz de sus jefes el pasado 15 de diciembre en que los diputados del oficialismo realizaban el desafuero en contra del diputado arenero Norman Quijano, del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Lo anterior también fue otra acción efectuada por encima de lo que establece el Tratado Constitutivo del Parlacen, esto de acuerdo a la bancada de ARENA y abogados, quienes coinciden en que la competencia de desaforar o no a Quijano no le correspondía a la Asamblea.
Desde el 1 de mayo la bancada cian se mostró como un brazo más del Ejecutivo en la Asamblea, aprobando sin discusión cualquier petición del presidente Nayib Bukele. Así es como desde esa fecha el país ha alcanzado el mayor nivel de deuda mediante préstamos millonarios aprobados por la Asamblea en cada plenaria.
Así como leyes que blindan a los funcionarios públicos vinculados a compras irregulares durante la pandemia, tal es el caso de la conocida “Ley Alabí”, el convenio con China que otorga beneficios económicos a gran escala para proyectos ejecutados por esa potencia; la cuestionada Ley del Bitcoin que generó inestabilidad económica del país ante el mundo y que resultó ser una moneda virtual poco usada por la gente y vulnerable a usurpaciones de identidad.
A las medidas tomadas sin mayor estudio se suman los golpes a la institucionalidad, ya que a pocos meses de llegar a la Asamblea los diputados oficialistas depuraron el Órgano Judicial de los jueces que les resultaban incómodos para que Bukele gobierne.
Antes de eso ya habían perpetrado el primer golpe el 1 de mayo con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que habían frenado los abusos de Bukele durante la pandemia y al fiscal general, imponiendo a uno que a pesar de los informes del gobierno de Estados Unidos de casos de corrupción y negociaciones con las pandillas de funcionarios públicos no ha abierto ninguna investigación al respecto.
No conformes con eso, también asestaron un duro golpe a la autonomía municipal aprobando por orden de Bukele un conjunto de leyes que laceran el papel que deben jugar los alcaldes, incluidos a los que ganaron bajo la bandera de Nuevas Ideas.
No solo les quitaron la autonomía para decidir qué obras deben ejecutarse en sus municipios, también los despojaron de los fondos que por Constitución les eran trasladados de la recaudación tributaria, anulando toda la institucionalidad detrás de esa función y asignándola a una entidad llamada Dirección Nacional de Obras Municipales controlada totalmente por el Ejecutivo.