El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha registrado la captura arbitraria bajo el régimen de excepción de connacionales que han sido retornados a El Salvador tras permanecer en Estados Unidos de manera ilegal.
La oficina señala que ha recibido la denuncia de personas cuyo familiar fue capturado tras llegar al país y a quien las autoridades salvadoreñas le atribuyen el delito de asociaciones ilícitas, sin tener pruebas.
"El problema es que a los que vienen en vuelos federales deportados por esa razón, según denunciantes, los están capturando en el aeropuerto y acusándoles, sin ninguna prueba, de asociaciones ilícitas y los mandan para (el penal de) Izalco", resaltó Socorro Jurídico el sábado.
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La ONG manifiesta que ha tenido contacto con una de las víctimas de esta situación, quien estuvo detenida en el penal de Izalco y ya ha sido liberada, y quien en su relato manifiesta "que (personas) deportadas, por estatus ilegal, hay un montón en Izalco" a quienes se les acusa por el mismo delito.
"Las personas deportadas cuya falta solo es estar ilegal en USA, cuando vienen a El Salvador se quedan sin garantías de seguridad y en situaciones que les estigmatizan y violentan sus derechos humanos, acusándolos falsamente por mantener un número", expuso SJH a través de su cuenta X.
Socorro Jurídico Humanitario ha llamado a las familias afectadas por acciones como estas que consideran "arbitrarias" para que se comuniquen con su oficina y así poder hacer las denuncias respectivas.
A la fecha la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, ha aprobado 26 veces el régimen de excepción, la más reciente el 9 de mayo, una medida que suspende derechos fundamentales, como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado, entre otros.
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Desde su inicio el 27 de marzo de 2022, han sido detenidas 79,947 personas presuntamente por tener vínculos con pandillas, según datos oficiales; de estas, más del 90% permanece en prisión, sin una sentencia judicial en su contra.
El gobierno ha reconocido además la liberación de unos 7 mil detenidos a quienes no se les pudo comprobar delito.
En tanto, organizaciones sociales han denunciado 6,305 violaciones a derechos humanos, en dos años del régimen, siendo las vulneraciones más registradas las detenciones arbitrarias o ilegales con 5,931 casos, lo que representa 94% de las estadísticas.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) informó que en 2023 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró 567 denuncias por detención ilegal y arbitraria, lo que representa un aumento de 32.78% comparado a las denuncias recibidas en 2022, que contabilizaron 427. El rango de edad de las víctimas que más vulneraciones sufre son los jóvenes entre 18 y 35 años, con un 68.08%.