Representantes del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) se encuentran en Estados Unidos, realizando una serie de actividades para denunciar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado salvadoreño, en el contexto del régimen de excepción.
La delegación de defensoras de derechos humanos está integrada por Ingrid Escobar, directora del SJH; Leslie Schuld, directora del CIS y Jayme Magaña, abogada penalista.
“Comenzamos a activar la sede internacional. Agradecemos a todos los organismos internacionales que nos están escuchando. El sistema regional e internacional ya tiene nuestras peticiones. No vamos a detenernos hasta lograr justicia”, informó a través de sus redes sociales Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico.
Las defensoras de derechos humanos informaron que con el apoyo de Latin American Working Group (LAWG) se han reunido con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en Inglés), los comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), congresistas estadounidenses y personal del Departamento de Estado y en la ciudad de Nueva York con funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Como organización defensora de Derechos Humanos tenemos la obligación de poner a prueba la institucionalidad del Estado, si este no funciona, existen organismos a nivel internacional encargados de vigilar que se respeten nuestros derechos y garantías constitucionales”, señalaron en una población en X (conocido como Twitter).
#Urgente El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Centro de Intercambio y Solidaridad(CIS) comienzan los procesos en sede internacional y regional para reparar las graves violaciones a Derechos Humanos cometidas por el Estado salvadoreño contra víctimas INOCENTES durante el… pic.twitter.com/MvmNZvM2QJ
— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) June 5, 2024
Asimismo informaron que entregaron un informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador al congresista James Patrick McGovern, a la oficina de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y a la organización no gubernamental de abogados (ABA).
Conversatorio
Por otra parte, la delegación de defensoras de derechos humanos participó en un conversatorio denominado «La otra cara de la guerra contra las pandillas en El Salvador.»
Escobar expuso sobre las reformas penales aprobadas por la pasada legislatura, las cuales han permitido la captura de más de 80,000 personas acusadas de ser pandilleros o colaboradores, entre hombres, mujeres y adolescentes.
Sin embargo, aseguró que según datos que han recolectado a través de los testimonios de personas liberadas consideran que al menos 26,000 de los capturados son inocentes de los cargos que les imputan.
“Tenemos elementos de prueba y testimonios de personas que hemos liberado, gracias a la defensa de los abogados penalistas, la lucha de las comunidades y las organizaciones defensoras de derechos humanos”, expresó.
Por otro lado, la directora del SJH señaló que esta organización ha documentado la muerte de 300 personas bajo custodia del Estado, donde solo el 6% estaban relacionadas a las pandillas.
Schuld relató que en la Isla El Espítu Santo (Usulután), donde el CIS ha trabajado durante muchos años en el tema de cooperación a través de becas, fueron capturadas 25 personas con el falso testimonio de un sargento de la Fuerza Armada, de las cuales ocho ya fueron liberadas.
La directora del CIS explicó que aunque el trabajo de ese centro de solidaridad está enfocado en el desarrollo de las comunidades empobrecidas, ante las múltiples denuncias de capturas arbitrarias en la Isla, tuvieron que hacer un giro y comenzar al trabajar en la defensa de derechos humanos.
El régimen de excepción fue instaurado de forma permanente por el actual gobierno desde el 27 de marzo de 2022, tras una matanza de más de 80 personas luego de la ruptura de una supuesta tregua con las pandillas.