Al menos 500 personas recluidas en el penal de Izalco se encuentran en estado de desnutrición, denunciaron ayer representantes del Socorro Jurídico Humanitario, durante una conferencia de prensa. Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico, explicó que ese dato lo han obtenido por medio deentrevistas realizadas a reos que salieron con desnutrición severa de ese penal.
“Estamos esta mañana para denunciar que el Estado de El Salvador no protege el derecho fundamental a la salud establecido en el artículo 65 de la Constitución de la República que establece que la salud es un bien público y el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento”, declaró.
Escobar explicó que los liberados han relatado que en ese centro penal en este momento hay tres celdas donde están las personas enfermas, principalmente los “raquíticos”, es decir una severa desnutrición.
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“Uno de los jóvenes nos comentó que aquellos que no reciben paquete les están dando solo una galleta fortificada, esa es la celda de 300 y en otra celda de 200 tienen a los que ya están saliendo de ese padecimiento”, manifestó.
A través de los testimonios de los liberados han tenido conocimiento que hay otro sector donde se están atendiendo a más reos enfermos por otros padecimientos, pero no se tiene más detalles al respecto.
Hasta el momento la condición de salud de las personas detenidas es incierta para sus familiares, debido a que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) mantiene las visitas familiares suspendidas, desde que inició la pandemia del Covid-19, hace cuatro años.
Según las reglas mínimas de tratamiento de reclusos de la Organización de las Naciones Unidas conocidas como Mandela, “solo se podrán restringir los medios de contacto familiar por un período limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la seguridad y el orden”.
La directora del Socorro hizo un llamado a las autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que verifiquen que a las personas privadas de libertad se les cumpla su derecho a la protección de la salud y recibir asistencia y tratamiento médico. “Cosa que no se está dando en ningún centro penal del país, principalmente donde ha muerto la mayoría de personas”, aseguró Escobar.
Según el último informe realizado por esa organización sobre personas muertas en los centros penales, reveló que un poco más del 45% de los muertos bajo custodia del Estado se encontraban en esa prisión. “De los muertos en el penal de Izalco un 33% ha sido por la negación del tratamiento médico”, agregó la directora del Socorro.
Asimismo detalló que han recibido información que las bartolinas policiales son utilizadas, en algunos casos para recluir a los detenidos enfermos, debido a que los penales se niegan a recibirlos en esas condiciones.
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Apoyo jurídico
Por el momento, el Socorro Jurídico brinda asistencia a familiares de tres detenidos que fueron encarcelados con padecimientos de salud, que sospechan se han agravado en el interior de las prisiones.
Uno de esos es Luis Miguel Reyes Saravia, quien según una constancia extendida por un médico psiquiatra tenía un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, previo a su captura, para lo que tenía indicado medicamento de venta controlada.
Reyes Saravia es padre de una niña de ocho años y según las indagaciones de esa organización le han negado el tratamiento médico y dos solicitudes de chequeo médico realizadas por sus familiares a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la PDDH.
Debido a que el joven no tenía antecedentes penales e incluso viajaba constantemente a Estados Unidos, según el Socorro Jurídico, la única sospecha es que haya sido víctima del mal uso del régimen de excepción que han hecho los funcionarios públicos.
“El régimen de excepción se ha utilizado para cobrar deudas, incluso políticas, hay funcionarios en este país que lo han mal utilizado para castigar personas inocentes”, dijo Escobar. Florentino Reyes, padre de Luis, solicitó al Tribunal Sexto del Crimen Organizado que deje en libertad a su hijo debido a que considera que su captura ha sido arbitraria. “Él no es delincuente”, dijo el señor, quien agregó que fue capturado el 23 de agosto de 2023 durante el cerco militar realizado en el departamento de Cabañas.
Asimismo Jayme Magaña, abogada del Socorro, dijo que están brindando ayuda a la familia de Carlos Israel Beltrán Lobato, un joven que se estaba recuperando del Síndrome de Síndrome de Guillain-Barré, el cual causa debilidad muscular. Además, denunciaron que Leonel Ulises Mercedes Ramírez, quien padece epilepsia, sigue detenido a pesar que un juzgado ordenó una fianza para que siguiera el proceso en libertad.
Magaña recordó que a pesar del régimen de excepción las garantías internacionales no se suspenden y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) establece que las personas que tienen graves problemas de salud deben seguir los procesos penales en libertad.