La nueva estrategia retórica del gobierno de Nayib Bukele parece ser la constante apelación a la soberanía.
Ante los marcados abusos de poder, violaciones a los derechos humanos y golpes a la institucionalidad democrática, el presidente Bukele ha recorrido el camino que otros líderes autoritarios han seguido anteriormente: el de reclamar injerencia cuando es emplazado a nivel internacional.
Esto se repitió en el discurso del Día de la Independencia que ofreció el mandatario este jueves 15 de septiembre. En su alocución, habló de cómo El Salvador nunca había sido independiente hasta el presente. Habló de la influencia indebida de gobiernos extranjeros y lamentó las condenas que ha sufrido en episodios oscuros de su presidencia, como la remoción de magistrados, del fiscal general, de un tercio de jueces o los abusos cometidos durante el régimen de excepción.
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En su lógica, el mandatario no admite que está violentando abiertamente el marco legal. Por el contrario, se pinta como víctima de afrentas internacionales que, a su juicio, le atacan por hacer “lo correcto” y lo necesario para derrotar a estructuras peligrosas del pasado.
Bukele ha adoptado exitosamente esta retórica que otros presidentes irrespetuosos de la legalidad han seguido en el pasado: la de escudar en actos soberanos los atentados contra el Estado de derecho.
El concepto de soberanía
La soberanía y la independencia son pilares fundamentales en los países. Tanto que, al menos una vez al año, hay una fecha designada para recordar gestas heroicas que nos liberaron de los yugos externos.
Sin embargo, el mandatario se confunde –o tergiversa abiertamente– la idea de soberanía en sus discursos habituales. La soberanía no es el derecho a un gobernante a ejercer el poder de la forma que mejor le plazca, incluso pasando por alto lo que la ley y los tratados internacionales le obligan. De hecho, la soberanía no es siquiera una condición exclusiva de los gobernantes.
Esta reside, por el contrario, en la ciudadanía en pleno y se expresa primordialmente en la Constitución: ese pacto de todos de vivir en un sistema democrático, republicano y con reglas claras del juego que, de respetarse, garantizan el goce de los derechos fundamentales.
Atentar contra la Constitución es, por ende, atentar contra la soberanía nacional. Y las amenazas a esta última no están viniendo de poderes extranjeros ni de las opiniones de la comunidad internacional, sino del mismo presidente de la República.
El Salvador es soberano en la medida en que nadie, ni de dentro ni de fuera, pisotea las leyes y pretende actuar con base en sus caprichos aunque estos sean ilegítimos. Es soberano en la medida en que se respeten las reglas del juego y nadie pretenda tener privilegios especiales ni prebendas. Es soberano en la medida en que todos se sometan a los mismos procedimientos y nadie parta de la garantía de impunidad o sea blanco de persecución arbitraria y antojadiza.
La soberanía es, en resumen, una garantía para el pueblo y no para el gobernante abusivo que se escuda en la popularidad para tratar al país como su propiedad privada.
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Por ende, cuando el mandatario alude a la soberanía para justificar los golpes a la institucionalidad o la violación a derechos humanos, realmente está protegiendo su capacidad de hacer lo que quiera sin controles ni consecuencias. Algo que además ha garantizado al capturar los poderes del Estado.
La soberanía en función del ciudadano y no de la élite en el poder requiere necesariamente un respeto sin excusas ni reservas a la Constitución, a los derechos humanos y a los tratados internacionales. Todo lo demás es tan peligroso y nocivo como una invasión extranjera.
Si el mandatario realmente estuviera comprometido con la soberanía y la independencia verdadera, como repite en sus discursos, lo demostraría respetando el Estado de derecho, garantizando los derechos de cada ciudadano sin importar sus preferencias políticas y aceptando que su mandato dura cinco años y ni un solo día más.
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