El Salvador pasó de ser un país con parcial restricción a alta restricción a la libertad de expresión y prensa de 2022 a 2023, determinó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El organismo también estableció que la administración del Estado salvadoreño toma por “enemigo” a los medios independientes y terminó causando el exilio de 25 periodistas salvadoreños.
La SIP alertó que la actual administración salvadoreña se ha caracterizado por la creación de cortapisas al acceso de información estatal, declaraciones de funcionarios en conferencias de prensa y poca transparencia. Según el organismo, el Estado salvadoreño tiene por “enemigo” a la prensa que no se alinea a su línea editorial oficialista.
“En El Salvador, Guatemala y Honduras persisten los embates de sus presidentes y gobiernos contra el periodismo independiente, el acoso tributario, las sanciones económicas y judiciales, los daños materiales a las instalaciones de medios y amenazas a anunciantes. No faltaron iniciativas legislativas para ‘legalizar’ la represión”, advirtió el informe de la SIP.
“La administración Bukele se convierte en el entorno que más obstaculiza el ejercicio periodístico”, se añadió.
Asimismo, que en el marco del régimen de excepción se ha convertido en el escenario idóneo para la restricción del ejercicio de la prensa en el territorio salvadoreño.
“El Salvador se clasifica, de este modo, en un país con alta restricción a la libertad de expresión en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa para el periodo 2022- 2023”, detalló la SIP.
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La Sociedad lo ejemplifica con que el medio digital El Faro trasladó su estructura administrativa y legal a Costa Rica este año, así como la hostilidad hacia periodistas y medios de comunicación que causa temor en éstos de que puedan ser víctimas de una detención arbitraria u objeto de un proceso penal que pueda implicar cárcel, tal como evidencia la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
La instancia internacional atribuye el retroceso a la libertad de expresión y de prensa a la influencia desfavorable del entorno legislativo, judicial y ejecutivo.
En el caso del rubro legislativo, ejemplifican con el caso del jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, cuando lanzó amenazas al gremio periodístico al declarar que tiene “el poder para meter una ley y cerrar los medios”.
Para el entorno legislativo, la influencia desfavorable la clasifican como moderada: “La percepción indica que este entorno es más tolerante con las opiniones de la ciudadanía, mas no con el acceso a la información solicitada por los periodistas”, reza el reporte.
Para el órgano ejecutivo, atribuyen a los efectos a largo plazo del Plan Control Territorial la aplicación de medidas que limitan la transparencia de la administración pública, así como una constante estigmatización del trabajo periodístico.
“Si bien, la administración Bukele no ha cerrado medios de comunicación, sí ejerce presión moderada sobre medios de comunicación para realizar una cobertura favorable de su administración pública”, advirtió la SIP.
En el informe se lamentaron amenazas de prisión contra periodistas de El Diario de Hoy, la retención y toma fotográfica de documentos contra un equipo periodístico en la colonia La Campanera.
Y para el judicial, se lamentó que ejerce una influencia “desfavorable fuerte” hacia la labor de informar de los medios de comunicación.
Estas medidas radican en tanto a que el Estado salvadoreño no contempla ni promueve mecanismos de protección a periodistas, tampoco acciones orientadas a la prevención de ataques y agresiones a periodistas y medios: “tampoco existe evidencia de la disposición de brindar entrenamiento a jueces en materia de agresiones, asesinatos y crímenes contra periodistas y medios”, se dijo.
La DOM y la falta de transparencia
Toda la información de la Dirección de Obras Municipales cuenta con reserva, aún siendo de carácter oficiosa, siendo la instrucción gubernamental que más transgrede dicha regulación de la Ley de Información Pública. La SIP no lo pasó por alto.
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El informe alertó sobre la reserva de información de la DOM, así como los gastos en publicidad y marketing de la Presidencia de la República.
La afectación ciudadana
El estudio de la SIP alerta que el gobierno salvadoreño, en lugar de fortalecer las expresiones ciudadanas en el espacio público, las limita cuando en el marco del régimen de excepción, agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a periodistas y manifestantes luego de una marcha del Movimiento de Víctimas del Régimen.
Además, el organismo está al tanto de los reportes de que existe una maquinaria de troles que atacan periodistas y miembros de la sociedad civil, con el propósito de mantener una imagen favorable de la administración Bukele en redes sociales.