Sindicatos y organizaciones aglutinadas en la Unión Nacional de la Clase Trabajadora (UNT) hacen un llamado a la comunidad internacional "a poner sus ojos en lo que ocurre en El Salvador y poner sus buenos oficios activando los mecanismos internacionales respectivos" ante los despidos de defensores de derechos laborales en el sector público.
Asimismo señalan que iniciarán una campaña a nivel nacional e internacional para denunciar los atropellos a la clase trabajadora y demandar la reivindicación de sus derechos y conquistas.
A través de un comunicado publicado este martes 26 de noviembre, señalan que al menos 12 trabajadores de CONAMYPE, miembros sindicales, han sido informados sobre la separación de sus cargos.
Uno de los casos más recientes es el del Erick Alexander Zelaya Ramos, Secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de CONAMYPE-SITCO, y quien ha encabezados las recientes marchas blancas realizadas en el país el 19 de octubre y el 23 de noviembre pasado.
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Zelaya también es secretario de la Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, y Secretario de Educación y Cultura de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños-CNTS, la cual aglutina a 40 sindicatos principalmente del sector público.
"Se le notifica que la plaza que usted ocupa como TÉCNICO II, será suprimida a partir del 1 de enero de 2025, y se ha autorizado la correspondiente indemnización a su favor de conformidad al artículo 30 de la Ley de Servicio Civil", se lee en el documento en el que se le informa sobre la separación de su cargo.
Esta misma semana también fue notificado Ángel Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de CONAMYPE (SITCO), quien se desempeña en el Centro Regional de La Unión de la misma dependencia.
"Con estas acciones se busca callar a la clase trabajadora y reprimir a defensoras y defensores de
derechos humanos para continuar con la estrategia de eliminación de las conquistas del pueblo trabajador", exponen.
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En tal sentido, los sindicalistas se han declarado en "alerta roja". Anuncian que se apegaran a los mecanismos legales ante las instancias correspondientes a nivel nacional e internacional y exhortan a la población en general a defender los servicios públicos