La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) ha denunciado una escalada en la persecución sindical al cierre de 2024, detallando que, en este periodo, se ha despedido a más de 450 representantes sindicales de instituciones públicas a nivel nacional.
A través de un balance presentado, la UNT señaló que este “ha sido el año de mayores turbulencias para la clase trabajadora”, una situación que “marca un quiebre en materia de derechos, democracia y justicia para la clase trabajadora”.
Representantes del movimiento argumentaron que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener financiamiento han orillado a la implementación de un ajuste fiscal altamente regresivo, en el cual los primeros afectados han sido los miembros de organizaciones sindicales.
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Este ajuste ha representado la eliminación de instituciones públicas y 218 municipalidades, así como el debilitamiento de las instituciones con el recorte de 11,000 plazas, “donde resalta Salud y Educación, con los recortes más fuertes. Además, se disminuyen en $90 millones y $31 millones en cada institución”.
Con “la agudización de las medidas represivas, un sector que ha sido objeto de una escalada de ataques ha sido el movimiento sindical, principalmente el estatal, que ha sufrido un duro golpe al descabezar, y en algunos casos eliminar, unos 50 sindicatos. Al final de 2024, el despido bajo diversas figuras afectará a alrededor de 500 líderes sindicales”, señala el balance.
Para la UNT, no solo los miembros de sindicatos han sido blanco de procesos irregulares, sino también los defensores de los derechos laborales, sociales y ambientales.
Se señala que esto ha generado “una política de descabezamiento del movimiento sindical, principalmente estatal. Uno de los casos emblemáticos es el de los cinco ambientalistas de ADES Santa Marta, cuyo proceso ha sido reactivado por la Cámara de lo Penal, y hoy cobra mayor sentido este ataque ante la reactivación de la minería metálica”.
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También se mencionan casos como el encarcelamiento de Oscar René Martínez Iglesias, miembro fundador del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de Los Pueblos Ancestrales (MILPA), acusado de asociaciones ilícitas cuando salía de pescar en las playas de Icacal, en La Unión; la captura y posterior liberación de José Omar Romero, hermano del líder de MILPA; y la captura de Leví Morales, hijo de Silverio Morales, líder indígena y miembro fundador de MILPA.
Ante esta situación, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora recalcó su llamado a la integración de todos los sectores, mostrando “solidaridad” y “construyendo la más amplia unidad de acción para enfrentar a la dictadura, y construir una plataforma común a través de un gran encuentro de luchadoras y luchadores sociales en donde todos los organismos en resistencia podamos definir una ruta de acción”.