El pasado 4 de julio se cumplieron dos años de que el taxista Adrián Efraín Solórzano Hernández, de 30 años, murió mientras estaba en detención provisional, acusado arbitrariamente de ser miembro de pandilla, tras haber sido capturado bajo el régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022.
Adrián era originario de Jucuapa, departamento de Usulután, donde era muy conocido por jugar fútbol y por su trabajo como taxista. El 18 de abril de 2022, elementos policiales asignados a la subdelegación de Jucuapa llegaron a capturarlo porque, le dijeron, era miembro de pandillas.
Lo anterior fue refutado por familiares de la víctima, quienes aseguran que su captura fue arbitraria e injusta, pues los mismos policías lo conocían muy bien que no estaba vinculado a esas organizaciones.
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"Él sólo les pidió que lo dejaran ponerse una camisa. Ellos (los policías) le dijeron que solo le harían unas preguntas, pero esas preguntas se convirtieron en la muerte de mi hijo", comentó Hortensia Hernández a periodistas, el 6 de julio, durante la velación.
El 5 de julio, los familiares fueron notificados que Adrián había muerto. Pero como sucede en todos los casos de personas que mueren mientras están en prisión, bajo la responsabilidad del Estado, fueron empleados de una funeraria quienes les dieron la funesta noticia.
El caso de Adrián es, si no el único, uno de los pocos en los que una institución del Estado reconoce que fue asesinado.
En la mayoría de casos de personas capturadas bajo el régimen de excepción y que murieron en las cárceles, en el documento que extiende el Instituto de Medicina Legal (IML) se indica que murieron por "edema pulmonar", lo cual es acumulación de líquidos en los pulmones.
En el documento que el IML extendió a los familiares de Adrián para que pudieran sacar el cadáver de la morgue judicial, se lee claramente que "falleció a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulación", es decir, que fue estrangulado.
Dos años han pasado desde el homicidio de Adrián y la Fiscalía no ha hecho ningún avance a pesar de que el fiscal general prometió investigar los casos de personas detenidas bajo el régimen de excepción y fallecidas mientras estaban en prisión.
Sin embargo el 13 de junio del 2023, en una entrevista en el programa Diálogo, con Ernesto López, dijo que se habían archivado 142 casos. "Hasta el momento llevamos archivados 142 casos que no constituyen delito de acuerdo con nuestras investigaciones", afirmó Rodolfo Delgado durante la referida entrevista.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han afirmado que las personas muertas en diversos centros penales, capturabas bajo el régimen de excepción, sobrepasan las 300.
El pasado 27 de mayo, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) afirmó que, a esa fecha, contabilizaban 301 fallecidos desde que fue implementado el régimen de excepción.