Durante las últimas semanas, los sindicatos de docentes han expresado su preocupación ante el incumplimiento a la nivelación salarial, cuyo plazo para ser aplicada ya venció; sumado a esto, está la posibilidad que el Gobierno suspenda el desembolso del escalafón para el 2025.
"Nosotros creíamos que dentro de las medidas de austeridad que deberían venir en esos lineamientos para la formulación del presupuesto 2025 iba a haber reducciones de salario para funcionarios del Gobierno, que como ya se conoció tienen salarios realmente altos", señaló en entrevista con TCS, Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), haciendo referencia a la filtración de la base de datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), semanas antes.
El anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, en el que argumentó que el presupuesto para el próximo año estará libre de deuda, generó mayor preocupación entre los docentes y dirigentes sindicales, debido a que tienen cuatro años sin recibir el ajuste salarial estipulado por la Ley especial de la Carrera Docente.
Educación estudia ejecutar cambio a bachillerato de tres años en 2026
"Hemos dejado de invertir en la columna vertebral de Educación que es el docente, y dicho sea de paso se nos amenaza con quitarnos el escalafón a partir del año 2025", agregó Zelada.
Previamente los miembros del sindicato docente exhortaron a las autoridades a que se incluya en este presupuesto una revisión salarial, debido a que es una deuda que arrastra el gobierno actual.
"Como siempre, la pita se revienta por el lado más delgado y somos los maestros los que tenemos que financiar el Presupuesto General de la Nación a partir del año 2025, sacrificando nuestro escalafón", agregó el docente.
Actualmente las autoridades han congelado el salario desde 2020 para los educadores, provocando el incumplimiento de la Ley de la Carrera Docente, que establece que el salario de los educadores se fijará teniendo en cuenta el cargo con revisiones periódicas no mayores a tres años, lapso máximo que finalizó en 2022.
Zelada concluyó solicitando a las autoridades involucradas en esta toma de decisiones “que reflexionen sobre esta violación a los derechos de los trabajadores”.
Mientras tanto el ministro de educación, José Mauricio Pineda, hace más de un año se dirigió a los sindicatos para informar que no se tenían los fondos necesarios para hacer el ajuste salarial, y ha mantenido una postura alejada del tema.
La medida afectaría directamente a más de 43,700 docentes que tienen contrato con el Ministerio de Educación, tomando en cuenta que solo un grupo de ellos iban a ser beneficiados por el escalafón docente.
Educación podría eliminar el bachillerato de dos años para 2025, según ACPES
Acciones arbitrarias
El secretario general de ANDES 21 de Junio, Israel Montano y quien también participó en la entrevista televisiva, denunció públicamente que en las escuelas se están cometiendo actos arbitrarios y alejados de las normativas, dirigidos al personal docente.
"Están aplicando acciones arbitrarias no apegadas a derecho, no apegadas a la Ley de la Carrera Docente, y los maestros callan por temor. Estamos aguantando una humillante atrocidad en este momento por una serie de acciones", señaló Montano.
El dirigente gremial argumentó que “la situación de los docentes en el país en este momento, es muy delicada”, y aunque no puntualizó casos agregó un mensaje para el titular del MINED: "Decirle al señor ministro de Educación que le ponga mucha atención, hay directoras y directores departamentales que están violentando la Ley de la Carrera Docente y están actuando arbitrariamente en contra de los docentes en todo el país".
Para los movimientos sindicales, la crisis en la que se encuentra el sistema educativo en el país se debe a que los factores indispensables para su buen funcionamiento no son atendidos, entre ellos las condiciones de infraestructura, el financiamiento a las escuelas, la falta de recursos, entre otras condiciones que afectan el desarrollo.
De acuerdo con datos de Bases Magisteriales, 17 sindicalistas han sido encarcelados, 209 trabajadores despedidos y 59 fueron suspendidos. Además, la aplicación del régimen de excepción en el país suma temor entre la planta docente de recibir represalias al denunciar las irregularidades.
