La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera sección del Centro de San Salvador encontró culpable al exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, de enriquecimiento ilícito y le ordenó restituir al Estado $255,792.14.
En tanto su esposa, Susi Melba Rodríguez, deberá devolver al erario público $12,000; haciendo una suma total de $267,792.14
El fallo del máximo tribunal también inhabilita al exfuncionario para ejercer cualquier cargo público durante un periodo de 10 años.
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"La Fiscalía ha demostrado que el señor Othon Sigfrido Reyes Morales en el momento que se verificó en la Sección de Probidad la Corte Suprema de Justicia sus declaraciones patrimoniales no logró desvanecer en ningún momento todas esas irregularidades que le fueron cuestionadas en este proceso, no haber cumplido o no haber justificado estas irregularidades le corresponde en estos momentos restituirle al Estado la cantidad que ha sido condenado", dijo el fiscal del caso.
Según la acusación, el delito fue cometido durante tres periodos en los que Sigfrido Reyes fue diputado del FMLN, entre el 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Su abogado defensor, Pedro Cruz, dijo que apelará la sentencia. El jurista ha sostenido que no existen las pruebas suficientes para declararlos culpables.
En tanto la esposa de Reyes definió el proceso judicial como un caso de persecución política que generó una separación en su familia, y explicó que la función en el órgano legislativo de su cónyuge no era de manejo de fondos públicos.
"Los ingresos de nuestra familia siempre fueron fruto de nuestro trabajo", expuso. En 2020, cuando inició el juicio contra Reyes, su abogado defensor interpuso un recurso para declarar la demanda como "improcedente".
Sigfrido Reyes es asilado político en México desde enero de 2020, dos meses antes de la acusación de la Fiscalía General de la República ante los tribunales.
A través de un comunicado a nombre del exdiputado y su grupo familiar, publicado con fecha 26 de noviembre, se señala que se demostró ante la Cámara de lo Civil que "la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia no encontró indicios de enriquecimiento ilícito", así mismo señala que "la mayoría de los cuestionamientos fueron inventados" por la CSJ como parte de "un esfuerzo viciado" para desacreditarlo y luego enjuiciarlo".