En el marco de los 32 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla salvadoreña, la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” cuestionó las políticas de seguridad establecidas durante el presente gobierno como el régimen de excepción y cómo han afectado a las comunidades populares.
Con los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992, “se buscaba el respeto a los derechos humanos, principalmente. Recordemos que en el conflicto hubo graves violaciones a derechos humanos”, recordó Ovidio Mauricio González, director de Tutela Legal. Sin embargo, observó, en la actualidad se han reflejado retrocesos en la búsqueda de la democracia.
Durante la entrevista matutina de la radio YSUCA, el defensor de derechos humanos ardvirtió que “la seguridad no solamente es mostrando armas, mostrando ejército… La seguridad es crear políticas de empleo, educación, salud y trabajo. Por ahí tiene que andar la seguridad de un país”. Esto con referencia a la imposición del régimen de excepción y las medidas de fuerza tales como las capturas indiscriminadas y los cercos de seguridad establecidos en las comunidades populares del Gran San Salvador.
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En casi dos años de estado de excepción, el gobierno ha capturado a más de 75,000 personas a las que acusa de ser miembros o colaboradores de pandillas. Sin embargo, ha tenido que liberar a 7,000 de ellas por falta de pruebas después de pasar varios meses tras las rejas. Más de 150 de los detenidos ha muerto en prisión sin ir a juicio siquiera.
Se trata de “una supuesta política de seguridad, pero que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, que ya están denunciados a nivel internacional”, advirtió Alejandro Díaz, también representante de Tutela Legal.
Previamente la organización expuso que las autoridades no le han permitido a ninguna organización que trabaje en defensa de los derechos humanos conocer la situación de las personas que actualmente se encuentran detenidas. Toda la información ha surgido a partir de los testimonios de los liberados de manera provisional, quienes no solo han relatado las torturas que sufrieron sino también tienen marcas en el cuerpo como prueba de las mismas.
Ataques a periodistas
Para Mauricio, es fundamental que las políticas de gobierno sean reorientadas en otros sentidos priorizando el cumplimiento de los derechos humanos colectivos, reforzando la preparación que reciben los jóvenes en el país. “Los soldados son jóvenes, al final de cuentas, son jóvenes que los están preparando para arremeter contra otros jóvenes, contra otros pobres”, observó.
En los primeros días del año la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ya presentó la primera denuncia contra el alcalde de El Refugio y otros simpatizantes del partido Nuevas Ideas por acosar a una reportera del periódico La Prensa Gráfica.
La APES acusó al edil de exponer el rostro de la periodista acusándola de haber faltado el respeto al oficial de información de la alcaldía e inclusive “lo había intentado agredir”, cuando ella intentó hablar con el edil para aclarar las recientes acusaciones en contra de dicha administración.
Este escenario de criminalización del periodismo se repitió en múltiples ocasiones durante 2023 a raíz del surgimiento de investigaciones sobre irregularidades en la actual administración.
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APES ha condenado el aumento de la persecución y la censura de la que son víctimas los periodistas en el país. Previamente ha solicitado al presidente, Nayib Bukele, que ordene el cese de los ataques de su gobierno a los medios de comunicación.
“La policía ha involucionado. Nosotros vemos los ataques a periodistas por los policías, quitan teléfonos, amenazan… Si están haciendo algo bueno por el país, ¿por qué no permiten que los periodistas publiquen sus acciones?”, cuestionó Mauricio.
Mientras que Díaz recalcó que con los acuerdos de paz se trató de reducir a la Fuerza Armada como un ejército en tiempos de paz y volverla una institución profesional, pero señaló que, por el contrario, se ha incrementado el número de sus miembros y se le ha utilizado para reprimir.
“Todas estas políticas represivas contra la gente pobre, contra los lugares populares, contra jóvenes, vienen desde hace décadas, implementando planes donde la Fuerza Armada ha tenido un papel esencial”, sobre todo con la militarización de comunidades completas, escuelas y otros ambientes comunes de la población, señaló.