“Se consuma el mayor atentado contra el agua, la salud y la vida en El Salvador”, sentenció la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta, tras aprobarse la Ley General de Minería Metálica, y abrir las puertas a la industria extractiva en el territorio nacional.
“La asamblea deroga la prohibición de la minería, a pesar del rechazo de las iglesias, las universidades, las organizaciones sociales y la mayoría de la población”, señaló la asociación.
La Ley contra la minería era el resultado de una lucha de diferentes organizaciones ambientalistas y la Iglesia Católica que se extendió durante al menos una década hasta concretarse la ahora extinta “Ley de Prohibición de la Minería Metálica” que se emitió en 2017.
“Es una situación preocupante, ya veníamos viendo los resultados, pero ante las voces que se han pronunciado en los últimos días pensábamos que iba a tener una resolución diferente a la que logramos escuchar”, señaló Vidalina Morales, presidenta de la ADES Santa Marta.
Asamblea aprobó ley de minería, Gobierno crearía empresas para explotación
“En lo personal, lo que se dió causa mucha indignación y rabia, porque no han podido valorar la situación ambiental que ya tenemos en el país y las complicaciones que va generar”, señaló la líder ambientalista argumentando que “los empobrecidos de siempre nos llevaremos la peor parte ante la absurda decisión de los señores legisladores”.
Horas antes de concretarse esta decisión Morales recalcó el llamado a los diputados afín al gobierno: “Diputados de Nuevas Ideas recapaciten o serán recordados como los peores legisladores de este país”, sentenció.
Organizaciones ambientalistas, ecofeministas y otras que luchan en la defensa de los recursos ambientales se sumaron para condenar las medidas tomadas.
“Condenamos enérgicamente la decisión del gobierno del presidente Nayib Bukele de revertir la promoción de la minería metálica en el país a sabiendas de los graves impactos que la actividad extractiva por medio de las empresas mineras ocasionan para el agua, la vida y la salud”, señaló un comunicado de la Mesa Frente a la Minería Metálica de El Salvador.
La aprobación de la Ley de minería ha sido catalogada como “el tiro de gracia para el agua” por organizaciones sociales, representantes de la Iglesia Católica y grupos ambientalistas que se plantaron por segunda vez, el lunes por la mañana, frente a la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados legislar en favor de la población sin exponerla a los devastadores efectos de la minería en un país altamente poblado y que ya tiene problemas para abastecerse de agua.
Se estima que más de 4 millones de salvadoreños se verán directamente afectados con la incorporación de esta actividad.
Ante un escenario poco alentador, los ambientalistas sostienen que la minería arrastra diferentes factores que degradan la vida de las comunidades aledañas a los proyectos al deforestar grandes cantidades de terreno para exploración, seguido de escasez de agua y suelos contaminados que son inviables para la siembra.
Según el artículo 8 de la nueva ley “de la forma más maliciosa posible, se hace referencia a la prohibición del uso del mercurio en el ciclo minero”, pero no se menciona nada sobre el resto de químicos empleados para separar el oro de las rocas tales como el cianuro, plomo, arsénico.
Carlos Flores, miembro del Foro del Agua, explicó que en la propuesta de Ley existen varios “ardides” o frases engañosas donde se ubica al Estado únicamente en el proceso inicial del ciclo minero, frente a la ocurrencia de accidentes y el proceso de remediación o cierre minero.
“Estamos hablando que si tenemos un negocio, yo estoy de acuerdo como Estado en asumir los costes y la gente puede asumir la enfermedad”, debido a que las empresas internacionales se encargarían del transporte y venta de oro.
Flores señaló que las autoridades no están especificando que va suceder con el drenaje ácido.
Recientemente se dio a conocer el caso del proyecto minero Eagle Mine, en Yukon, Canadá donde el colapsó de una estructura generó el derrame de aguas contaminadas con cianuro en los ríos más cercanos, para lo que se ha destinado $150 millones provenientes de los impuestos para iniciar un proceso de remediación ambiental, por lo que las organizaciones civiles no ven compatibilidad entre este tipo de actividades y la vida humana.
“Es un atentado de muerte si aprueban esa Ley que permita la minería metálica en nuestro país”
Respaldo de la iglesia a las comunidades
“Pareciera que el dinero no alcanza y hay que ir a buscarlo por debajo de las montañas destruyendo los bosques y los mantos acuíferos. ¡Si a la vida!”, Fray Edison Zamora, coordinador de Justicia y Paz de la Orden Franciscana.
Nuevamente los miembros de la Iglesia Católica se hicieron presentes para respaldar la exigencia de las comunidades indígenas y movimientos ambientales.
Fray Zamora argumentó que con está acción los legisladores “se hacen cómplices con herodes, serán otros herodes que buscan matar a los inocentes, pequeños, a las futuras generaciones, porque eso es lo que trae el proyecto de minería, la muerte y destrucción”.
Los expertos han advertido que aún reciclando agua, en El Salvador se necesitan 3,700 litros de agua por cada onza de oro extraída.