La vida de Sergio Pérez cambió la noche del jueves 3 de octubre, cuando el sargento de la PNC Noé Holtenio Pérez Azucena, destacado en la delegación policial de Valle Verde 3, Apopa, lo vapuleó "por no dejarlo descansar" por hacer ruido al jugar al fútbol por la noche.
Pérez jugaba fútbol con tres personas más, entre ellos sus dos hijos que son menores de edad, en la cancha de la colonia Valle Verde 3, que queda a pocos metros de la delegación policial. Eran alrededor de 9:30 de la noche, hora que Sergio, sus amigos y parientes suelen practicar deporte.
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Entre las 11:00 y 11:30 aparecieron tres miembros de la policía, entre ellos el Sargento N. Pérez Azucena, quienes les ordenaron que se formaran en fila hincados para inspeccionarlos. "Un policía de ellos llevaba el arma de fuera, iban apuntándonos y que nos hincáramos todos, que nos harían una revisión y que cuál era el desorden que teníamos", cuenta.
Pérez relata que, durante la inspección, él dijo a los oficiales que solo estaban jugando, a lo cual el sargento le respondió gritándole insultos. El oficial argumentó que estaban haciendo mucho ruido y no lo dejaban descansar, a lo cual Pérez respondió preguntándole que si había algún horario para jugar. Y fue eso lo que habría desencadenado la ira del agente, tanto así que empezó a golpearlos a todos, a los menores y adultos, con patadas y su macana.
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La situación empeoró más para Pérez cuando le pidió al sargento que no golpeara a sus hijos. "¡Entonces vos sos el que está haciendo el desorden porque vos sos el mayor de edad!", le habría dicho el sargento. "De ahí me separó de ellos porque me dijo que iba a arreglar conmigo, me alejó unos tres metros y empezó a golpearme en el abdomen nuevamente", relata Pérez.
"A los segundos me empecé a quedar sin aire, me sentía mal y le dije que si me podía acostar porque ya no aguantaba estar hincado". A lo que el sargento - dice - le respondió: "¡Vos fingiendo estás! Seguramente estás intoxicado, fumado o inhalando otras cosas". Y continúo amenazándole de que se lo llevaría preso por desórdenes y agrupaciones ilícitas.
"Si quiere llevarme preso, lléveme preso, pero lléveme a la unidad de salud", dice Pérez que le repetía. Empezó a sentir que perdía la conciencia poco a poco. Solo recuerda que uno de sus hijos le pedía al policía que lo dejara ayudar a su padre, mientras el sargento repetía que sólo estaba fingiendo. Después de unos minutos, el oficial accedió a llevarlo personalmente a la Unidad de Salud de Apopa.
Ayuda y advertencias
"Ahí me aplicaron un suero y el dolor se me calmó unos minutos. Cuando me vio mejor, el sargento me dijo que nos subiéramos a la patrulla, porque nos llevaría a la delegación y nos procesaría por desórdenes públicos".
El alivio del intenso dolor duró poco y al llegar a la delegación volvió a sentir dolor en el abdomen y pidió que lo llevaran nuevamente a la unidad de salud. En esta ocasión fue llevado por los otros dos agentes policiales que estaban con el sargento, pero este no los acompañó.
De la unidad de salud refirieron a Pérez al Hospital Nacional Zacamil porque se dieron cuenta que necesitaba una asistencia más especializada. Una vez allí, los médicos encontraron una perforación en el intestino, una lesión potencialmente mortal anotada en su expediente como un "trauma cerrado de abdomen".
Los dos policías no se despegaban del lesionado y le advirtieron que, "no vayas a decir que te golpearon". Y antes de entrar a la sala de operaciones, los policías le dijeron, por las dudas, "si decís algo, ya sabes quién te golpeó", haciendo referencia al sargento.
Un documento del Juzgado de Paz de Apopa, al que El Diario de Hoy tuvo acceso, detalla que el Sargento Pérez Azucena fue "detenido en flagrancia" a las 11:00 de la noche del cuatro de octubre, un día después de los hechos sucedidos. Fue detenido por el delito de lesiones graves y sería procesado judicialmente luego de que la Fiscalía General de la República tomara la denuncia de Sergio Pérez.
Este documento judicial contiene la declaración del Sargento Pérez Azucena, en la cual argumenta que Sergio Pérez "estaba en estado de ebriedad", no obedeció una orden y el agente le dio una patada en el estómago. Lo cual contrasta con la versión de la víctima.
Cuando se realizó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Apopa, Sergio aún estaba ingresado en el Hospital Nacional Zacamil, por lo que lo único que sabe es que a él lo defendió un abogado público, quien hasta el momento no se ha comunicado con él. Y el sargento recibió libertad condicional tras pagar una fianza de $1,500, según consta la resolución judicial, pese a que el proceso pasará a la etapa de instrucción.
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El policía recibió medidas cautelares de no acercarse ni establecer ningún tipo de comunicación con la víctima, no acercarse a su vivienda o lugar de trabajo, presentarse cada quince días a firmar al Juzgado de Instrucción de Apopa, no salir del país ni cambiar de domicilio.
El Diario de Hoy solicitó una postura institucional a la Policía Nacional Civil sobre el caso por medio de mensaje directo a la jefatura del departamento de comunicaciones de la entidad. También se consultó si el sargento implicado fue objeto de sanción por el hecho. Al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
Un cambio de vida total
La golpiza ha tenido un impacto profundo en la vida cotidiana de Sergio Pérez. Durante años ha trabajado como electricista y en la instalación de cielo falso; pero ahora no ha retornado a sus labores porque aún no se ha recuperado de las lesiones y no sabe cuánto tiempo estará incapacitado.
"He perdido varios trabajos, de uno hasta ya me habían entregado un adelanto y tuve que ver cómo hacer para devolverlo. Los perdí porque los clientes no me iban a estar esperando meses", lamentó Pérez.
Pasó ocho días ingresado en el Hospital Nacional Zacamil y el viernes 11 de octubre fue dado de alta. Pasa en su casa postrado en el sillón o en su cama y va a diario a la unidad de salud para que le hagan curaciones.
Le han recomendado caminar para que los órganos del área abdominal se acomoden, pero no puede pasar tanto tiempo parado. Ahora, temporalmente, su pareja es la única proveedora del hogar.
Los otros que estaban en la cancha la noche de la agresión, sus dos hijos menores y un amigo, quedaron con lesiones leves, como moretones y raspones.
Pérez no ha notado ningún tipo de acoso policial por haber denunciado al sargento, pero asegura que está preocupado por su familia.
"Siempre queda el temor, uno ve algo y piensa que lo pueden andar buscando, sabiendo uno cómo está la situación en el país y que no hay prácticamente quién lo defienda a uno".
"Es una tragedia. Después de uno estar bien sano, correr, jugar, trabajar y tener su vida normal y luego estar en una camilla sin poder levantarse, sin poder hacer nada. Nada de este mundo me va a devolver lo que yo era antes. Lo único que quiero es que se investigue y se haga justicia", finalizó Sergio Pérez.
Un abuso sistemático
El caso de Sergio no es un caso aislado de violencia policial, sino una situación que se ha repetido desde hace años, pero ha empeorado con la implementación del Régimen de Excepción, el cual omite garantías constitucionales para defender la inocencia de los ciudadanos y ha otorgado más poder a las fuerzas de seguridad. Así lo señala el informe "El silencio no es opción: Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción", de la organización defensora de derechos humanos Cristosal.
Entre el 27 de marzo de 2022 y abril de 2024, Cristosal contó 3,643 denuncias por abusos de parte de las fuerzas de seguridad, siendo las más comunes las detenciones arbitrarias (96.6 %), seguido del allanamiento de morada (25.7 %) y los malos tratos (9.9 %), dándose estos tres de forma combinada en varios casos, como el caso de Sergio Pérez, quien fue capturado de forma arbitraria además de ser torturado.
Asimismo, el estudio detalla que tres de cada cuatro denuncias (el 74 %) se atribuyen a la Policía Nacional Civil.