"Solicito a la @AsambleaSV decretar hoy mismo REGIMEN DE EXCEPCION, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República", escribió Nayib Bukele en su cuenta de X, a las 8:04 p.m. del 26 de marzo de 2022, ante la incapacidad de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de contener un repunte de homicidios que a esa hora se cobraba la vida de 87 personas a manos de la MS-13.
Menos de dos horas después, a las 10:00 p.m. de ese mismo día, un grupo de policías y soldados irrumpió en una casa del casco urbano de Santa Elena, ahora distrito de Usulután, donde un ciudadano realizaba un convivio, como lo hacía todos los sábados, para recaudar dinero con que pagar dos hemodiálisis por semana.
En principio, los policías dijeron que solo se trataba de una requisa, en una fiesta bailable que ellos mismos sabían que se realizaba cada sábado y el propósito de la misma, pues conocían bien a Édgar Iván Romero Rodríguez, un mecánico reconocido en ese pueblo, quien desde hacía dos años estaba bajo tratamiento médico para sobrellevar la insuficiencia renal.
A pesar de lo anterior, algunos militares afirmaban que aquella fiesta era para celebrar un ataque armado registrado ese mismo sábado en el cementerio de Santa Elena, donde murió René Díaz.
Y de súbito, aquella requisa de por sí rara, se convirtió en una redada que convertiría a Santa Elena en el primer pueblo donde policías y soldados capturaban a menores y adultos que serían procesados bajo el régimen de excepción pedido por Bukele, aunque este no se había aprobado.
Aquella redada de personas ajenas a grupos de pandillas, también se convertiría, posiblemente, en el primer acto en el que policías y militares infligieron tratos crueles a los capturados, pues desde las 10:00 p.m. del 26 de marzo les ordenaron permanecer hincados y con las manos en la nuca hasta las 5:00 a.m del 27, cuando recibieron la orden de decirles que estaban capturados bajo el régimen de excepción, por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, por ser pandilleros.
A las 2:00 a.m. del 27 de marzo, 67 diputados dieron su voto para cumplir la orden de Bukele.
Esa noche capturaron a 42 personas, aseguran familiares de detenidos y algunos de estos que ya recuperaron su libertad. Entre los 42 arrestados había 11 menores de edad y dos mujeres adultas.
Así mismo, entre los menores capturados estaba Bryan L., de 17 años, originario de Ereguayquín pero que también tiene la ciudadanía de Estados Unidos, desde donde había venido a principios de febrero, a visitar a su abuela y demás familiares. Junto a él también fue arrestado uno de sus tíos, Yonny Alcides Lobos Díaz, entonces de 42 años, también residente permanente de Estados Unidos.
De los 42 capturados, varios ya recuperaron su libertad, incluyendo Bryan, Yonny y un joven que recién había recibido su título universitario… Pero aún quedan muchos, aseguran familiares de quienes permanecen en prisión.
"Un daño enorme"
Y las consecuencias emocionales y económicas en esas familias son graves, según comentaron a El Diario de Hoy.
Por ejemplo, en el caso de Yonny y Bryan, una familiar de ambos aseguró que, aunque han continuado viajando a El Salvador, han tenido que cambiar sus hábitos una vez que pisan suelo salvadoreño, como por ejemplo, ya no asisten a reuniones o convivios como el que se realizaba aquel 26 de marzo de 2022.
Prácticamente, afirmó la fuente, vienen porque hay una familiar de avanzada edad que está muy enferma. Sin embargo, lo que esta familia sufre, es menos grave, si se compara con las afectaciones emocionales y económicas que viven otras, cuyos parientes aún están en prisión.
E.C, a quien en aquella redada del 26 de marzo de 2022 le capturaron a dos familiares, comentó que es muy crítica la situación que está viviendo, incluso, pasar hambre, afirmó.
"Muy pero muy dura, muy crítica porque nunca pensé llegar a deshacerme de las cosas que con tanto esfuerzo habíamos hecho y, sobre todo, andar prestando dinero", comentó
E.C. afirmó que, sumado a los esfuerzos que hace para subsistir con su hijo, también debe rebuscarse para viajar cada mes hasta el penal de Izalco para llevarle los paquetes de higiene personal, medicinas y algo de alimentos a sus dos parientes.
"Es bien duro porque a veces no tengo ni para la comida de mi hija y como le digo, la familia me ayuda pero igual, solo para lo de ellos; es un gran gasto. Nunca mi hija ni yo habíamos pasado hambre", se lamentó E.C. quien también tiene que hacerle frente a una enfermedad que la obliga a viajar cada mes al hospital Rosales, en San Salvador.
Tras 29 meses de que sus familiares fueron arrestados, injusta y arbitrariamente, según afirma, la situación económica de E.C. ha hecho que tenga que vender dos automotores, el televisor, un microondas y herramientas de mecánica automotriz. Está en una situación económica extrema.
En Santa Elena, como en muchos lugares de El Salvador, decenas de familias están sufriendo las consecuencias de tener a sus familiares encarcelados arbitrariamente desde hace más de dos años, muchos de los cuales eran el principal pilar económico de sus hogares.
Samuel Antonio Monjarás Lizama y su hijo,Víctor Samuel Monjarás Martínez, que eran de 43 y 19 años al 27 de marzo de 2022, permanecen en prisión. Samuel Antonio es maestro de profesión, y fue detenido junto a su hijo, cuando intentó interceder por éste, que había sido detenido por soldados cuando iba a comprar alimentos al mercado de Usulután, para su negocio que recién había establecido.
En ese distrito usuluteco, recientemente fue sepultado un joven, capturado arbitrariamente bajo el régimen de excepción que lleva ya 29 meses de vigencia.
Marvin Alexis Díaz Lozano murió de cáncer que desarrolló durante los 20 meses que estuvo preso; a él lo detuvo la PNC el 5 de octubre de 2022 en el casco urbano de Santa Elena. Ese mismo día capturaron a su hermano en el cantón Los Jobos, quien permanece preso, tal vez sin saber que su hermano murió.
Un exdiputado también está entre los vecinos de Santa Elena que tiene a su esposa y una hija de ella, presas bajo el régimen de excepción.
Jacqueline Elizabeth Membreño Hernández, de 40 años, y su hija, Yaquelin Milena Polío Membreño, de 20, fueron capturadas tras una supuesta llamada anónima el 30 de abril de 2022. Ambas están encarceladas en Apanteos. Hasta este sábado, Yaquelin estaba en el sector 9, mientras que su madre, en el sector 3.
Un caso que para vecinos de Santa Elena evidencia el colmo de la injusticia es la captura de José Hernán Ramírez Claros, de 75 años, arrestado luego de que policías registraran su vivienda y encontraran una vieja pistola que, según su esposa, no funcionaba, pues la tenía desde hace más de 50 años, cuando la compró en 40 colones a uno de sus parientes que tenía una necesidad económica.
Familiares de Ramírez Claros afirman que al momento de la detención, los policías les dijeron que lo detenían por la posesión del arma, sin embargo al momento de consignarlo ante un juez, la fiscalía lo acusó de pertenecer a grupos de pandillas, lo cual es descartado por familiares y vecinos del detenido.
"El gobierno no sabe el tremendo daño que está haciendo a muchas familias", afirmó una vecina de Santa Elena, quien mes a mes tiene que pedir ayuda a parientes o pedir prestado para poder llevar los paquetes a su esposo e hijo, presos desde hace 28 meses en el penal de Izalco.