Habitantes de San Isidro organizaron este domingo por la mañana una actividad contra la minería metálica en El Salvador y conmemoraron los asesinatos de cuatro activistas ambientales en 2009, según la población por su lucha en favor del agua y contra las actividades mineras que para entonces se realizaban en el cantón La Trinidad, departamento de Cabañas.
El evento fue organizado por el movimiento Voces del Futuro, el Centro Salvadoreño de Tecnología Aplicada (CESTA), y el Comité Ambiental de Cabañas (CAC), en el parque central del distrito de San Isidro, departamento de Cabañas, donde empresas de capital extranjero, vinculadas a la extracción minera, han comprado al menos tres propiedades a lugareños.
Al evento asistieron jóvenes miembros de Voces del Futuro, como Daniela Ferrufino, quien destacó la lucha contra la minería que hicieron cuatro personas por lo cual, supuestamente, fueron asesinadas en 2009, en distintos lugares de Cabañas, entre estos el cantón La Trinidad, donde la empresa canadiense Pacific Rim hizo sondeos para extraer oro.
“Los invito a perder el miedo; a todos ustedes que nos ven desde sus casitas, pierdan el miedo, asistan a nuestras manifestaciones, mientras nos encontremos en paz y con respeto nada nos va a suceder. Es un derecho de todos manifestar lo que no nos gusta”, dijo la joven Ferrufino, quien también es conocida en redes sociales como “La Colocha”.
Por su parte, Ricardo Navarro, presidente del CESTA, dijo que se habían congregado en el parque para honrar la memoria de Ramiro Rivera Gómez, quien era presidente del Comité Ambiental de Cabañas; Dora Recinos Sorto y su hijo no nacido; Marcelo Rivera y Juan Francisco Durán Ayala, quien también era miembro del CAC.
Navarro dijo que la concentración también era para mostrar el rechazo de la población hacia la extracción de oro por el severo daño ambiental que sufrirían las comunidades, especialmente en el recurso hídrico; todo en el marco de que el Gobierno de Nayib Bukele ha quitado el freno legal a la extracción metálica en el país, que estaba vigente desde 2017.
A principios de este siglo, la empresa Pacific Rim realizó actividades mineras en el cantón San Francisco El Dorado, ocasionando daños ambientales, principalmente en los mantos acuíferos, según han denunciado reiteradamente defensores del medio ambiente en el lugar.
En la actividad del domingo también estuvo presente el obispo Neftaly Ruiz, que es miembro de Voces del Futuro, quien dijo que como sacerdote o pastor de una determinada iglesia eso los invita a participar en esa lucha del pueblo, que poco a poco va tomando conciencia ante el tema de la minería metálica.
Ruiz dijo que sólo en la etapa de exploración que ejecutó Pacific Rim en San Isidro, hace dos décadas, secó varios nacimientos de agua, además de que el agua fue contaminada; citó un caso en el que un poblador resultó perjudicado cuando su ganado murió envenenado luego de beber agua de un manantial cercano a los trabajos de exploración.
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El obispo llamó a perder el miedo a mostrar su rechazo a las actividades mineras, aunque dijo que era comprensible ante el temor de muchas personas, incluso de líderes religiosos, a ser reprimidos con el régimen de excepción, que está vigente en el país desde marzo de 2022.
Recolección de firmas
Además de los dos objetivos mencionados, la actividad también fue aprovechada para recopilar firmas de ciudadanos para respaldar una petición de derogación de la recién aprobada ley que permite la actividad minera en El Salvador.
La minería metálica había sido prohibida por ley en marzo de 2017 luego de años de lucha de organizaciones ambientalistas que demostraron que dicha actividad era nociva para el medio ambiente, especialmente para el recurso hídrico; sin embargo, a finales de diciembre de 2024, el actual gobierno promulgó una ley con la que El Salvador dio marcha atrás en la prohibición con la cual se había convertido en el primer país en prohibir la minería metálica.
Parte de esa lucha la realizaron las personas cuyas vidas fueron segadas y que ayer mismo fueron honradas en el evento, en el que participaron decenas de personas que llegaron de diversos lugares del país y permanecieron en la actividad bajo un sol sofocante.
Desde hace varias semanas, la Iglesia Católica comenzó una campaña de recolección de un millón de firmas, con la intención de conseguir la derogación de la ley que avala la actividad minera. A esa campaña se ha sumado la iglesia evangélica Elim cuyo líder es el pastor Mario Vega.
Este domingo, durante la actividad, varias personas se dedicaron a recolectar firmas, entre estas el sacerdote Alberto Gómez.
Las vidas que se perdieron
En 2009, seis habitantes del cantón La Trinidad, municipio de Sensuntepeque, fueron asesinados; cuatro de ellas, según ambientalistas como Francisco Pineda y el obispo Neftaly Ruiz, por su activismo contra las actividades de exploración minera que entonces se realizaban en la zona.
Varios de esos homicidios quedaron en la impunidad y en otros las autoridades impusieron suaves condenas.
La División Elite contra Crimen Organizado de la Fiscalía, cuyo jefe era el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, y policías especializados, realizaron investigaciones tras las cuales se logró capturar a una decena de sospechosos de ser los autores materiales; señaló a todos de estar vinculados a los seis homicidios, pero de todos, según indagaciones de este Diario, ninguno está preso en la actualidad, pues les impusieron penas que correspondían a homicidios simples y no a homicidios agravados.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los crímenes no se debieron a la minería sino a rencillas o disputas entre vecinos. Reportes periodísticos recogen declaraciones de la Fiscalía que afirmaba que todos los involucrados eran originarios de Ilobasco, lo cual no es cierto. Entre los capturados había residentes en Sensuntepeque, de Jutiapa (Cabañas) y hasta uno de Santa Cruz Michapa (departamento de Cuscatlán).
Uno de los pocos que fueron condenados fue Santos Balmore Pérez Guerra, quien junto a otro sujeto que jamás fue identificado ni detenido, asesinó a Horacio Menjívar Sánchez.
Guerra Pérez fue detenido el 16 de julio de 2009 en la colonia Ferrocarril de Santa Cruz Michapa, según fecha de acta policial de captura, sin embargo, en la Sentencia 120-06-2013-3 dictada por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, se indica que cumpliría su pena el 16 de julio de 2023.
Otro de los condenados fue Miguel Nicolas Najarro, quien participó directamente en el asesinato del activista contra la minería Ramiro Rivera, el 20 de diciembre. A este le impusieron también 10 años de prisión, según reportes periodísticos.
Ambos, tanto Guerra Pérez como Najarro, ya recuperaron su libertad, según indicaron vecinos del cantón La Trinidad. Documentalmente, El Diario de Hoy comprobó que los presentados como los responsables de los asesinatos en La Trinidad recuperaron su libertad al poco tiempo. Algunos ya murieron y otros se fueron del país.
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