El 15 de mayo de 2022, un grupo de personas llamó la atención de los medios nacionales e internacionales cuando se apostaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar escritos de habeas corpus a favor de personas detenidas en el régimen de excepción.
Ante el temor generalizado por el régimen de excepción, que en el primer decreto prohibía el derecho a reunión, era la primera vez que la gente tomaba valor y salía de forma organizada salía a reclamar sus derechos frente a la Corte.
Todos eran integrantes, hasta ese momento, de un incipiente Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, ahora compuesto por más de 200 personas de la zona.
Salvador Ruiz, representante del Comité, narra que la creación del mismo no fue planeada, sino fortuita. En una reunión de las Comunidades Eclesiales de Base en el cantón La Noria, en la reflexión del evangelio salió a discusión que muchos de los vecinos capturados durante el régimen de excepción no eran personas involucradas con las pandillas y se trataba de capturas arbitrarias.
Fue así como esa comunidad eclesial acordó invitar a los familiares de los capturados para impartirles una charla sobre sus derechos.
“La realidad con que nos topamos fue que ellos nos dieron la charla a nosotros y nos concientizaron de la problemática. La gente contaba llorando cómo habían ido a las instituciones y nadie les quería agarrar su documentación y como lo habían tratado mal. A mi como persona internamente me impactó y ahí dijimos vamos a acompañar esta gente” relata Ruiz.
Aunque al principio se sintieron confundidos de cómo ayudar o qué hacer, fue con el apoyo de Cristosal que tomaron la decisión de comenzar haciendo uso del habeas corpus.
“Es así como el 15 de mayo presentamos los primeros 11 casos del cantón La Noria. Era la primera vez que de manera organizada un grupo de personas iba a la Corte y ahí estaban todos los medios. En la próxima reunión teníamos llena la iglesia, alrededor de unas 70 personas de la zona habían llegado en busca de ayuda”, recuerda Ruiz.
A 19 meses desde su formación el Comité ha presentado 134 peticiones de habeas corpus a la Sala de lo Constitucional y 50 casos a la Procuraduría de Derechos Humanos.
“Son casos que no presentan ningún delito y que no tienen ninguna mancha, por ejemplo, que no han tenido ningún proceso en ninguno de los juzgados. Todos sus antecedentes incluso policiales están limpios, pero aún así no hemos tenido respuesta” señala Ruiz.
Ante la falta de respuesta, el pasado 10 de marzo pusieron un aviso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 66 casos de violaciones de derechos humanos en el Bajo Lempa y esperan que esta pueda imitar medidas cautelares a favor de las víctimas.
Una de las primeras victorias del Comité de Familiares fue la liberación de ocho adolescentes que fueron capturados en la comunidad Armando López, después de presentar una obra de teatro sobre las afectaciones del régimen, también han logrado la libertad para unas 30 personas con medidas sustitutivas a la prisión.
“Nosotros hemos demostrado que de manera organizada se puede resistir frente al régimen” , asegura Ruiz.
Ruiz explica que en el caso de los detenidos en la comunidad Armando López después de verificar que se trataba de personas inocentes hicieron un comunicado para compartirlo en redes sociales, lo cual se viralizó inmediatamente. “Ahí nos dimos cuenta que el régimen también es sensible cuando le tocan la popularidad”, reflexiona.