La Sala de lo Constitucional aceptó tramitar una demanda contra el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, por no dar respuesta a la familia de un adolescente desaparecido hace 11 años ni informarles sobre las investigaciones que han seguido en ese caso.
Este silencio implica una posible vulneración al derecho jurisdiccional y al derecho a conocer la verdad.
Además, la Sala le ordenó al fiscal Delgado que informe en las próximas 24 horas sobre la denuncia de las acciones de ocultamiento de la información a los familiares de la víctima por parte de la Fiscalía General de la República, FGR.
En la demanda presentada el 24 de noviembre de 2022 por abogados de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, en representación de la madre de la víctima, se expuso la omisión de una investigación exhaustiva y concluyente por parte de la Fiscalía, que permita individualizar a los responsables de la desaparición del joven y que lleve a la localización del paradero del joven.
“Esto significa que la FGR tendrá que explicar por qué durante 11 años no ha hecho una investigación eficiente qué determine quiénes son los responsables de la desaparición de Josué y que logren ubicar su paradero. La Fiscalía tendrá que explicar su negligencia”, señaló Héctor Carrillo, Director de Acceso a la Justicia de Fespad.
Según la demanda, la madre de Josúe, desaparecido años en Santa Ana, solicitó en dos ocasiones copia del expediente fiscal de la desaparición de su hijo, pero la FGR se negó a entregarlo, argumentando que debía especificar la institución a la cual presentaría el documento.
Cuando la señora lo hizo, le expresaron que en la Fiscalía no extendían copia certificada de los documentos del expediente debido a que son parte de una investigación en proceso que se encuentra “activa”.
Para los demandantes estas acciones por parte del ministerio público vulnera el derecho a conocer la verdad y la protección jurisdiccional, es decir el derecho que los ciudadanos tienen para acceder a las instituciones del Estado y la protección que estas deben brindar a los derechos de los mismos.
“Es decir, el derecho a que el caso de Josué sea puesto en conocimiento del órgano judicial, en relación al deber de la FGR de investigar quienes son los responsables de la desaparición y llevarlos a los tribunales, mediante la presentación del respectivo requerimiento fiscal”, explicó Carillo.
Asimismo, los demandantes plantearon que la Asamblea Legislativa afectó el derecho a la protección en la conservación y defensa de los derechos, así como el derecho a la protección familiar, al no haber emitido una normativa que contribuya a hacer eficiente el procedimiento de ubicación o identificación de una persona desaparecida.
Sin embargo, ese punto no fue admitido por la Sala debido a que consideró que no es del ámbito del conocimiento de los integrantes de ese tribunal.
DE INTERÉS: "Necesitamos ser escuchados": Familiares piden reactivar la búsqueda de los desaparecidos"
El caso
Josué desapareció el 4 de junio de 2011 cuando salió del lugar donde trabajaba con un tío, después que un hombre mayor, quien supuestamente era su amigo, “le prometió presentarle una cipota para ver si le gustaba como novia”, explicó la madre.
La mamá de Josué relató que en los días en que desapareció su hijo, las autoridades no recibían una denuncia de desaparición antes de pasadas las primeras 24 horas del hecho, por lo que al llegar a la delegación de Santa Ana, la mañana siguiente a no saber el paradero de su hijo, la policía no quiso tomar la denuncia.
La señora insistió, entre lágrimas, que su hijo nunca se había quedado fuera de casa y que, si esa noche no había regresado, es porque algo le había pasado, pero sus palabras y su llanto no fueron suficientes para convencer a los agentes para que le tomaran la denuncia en ese momento.
La Policía recibió la denuncia hasta pasadas las 24 horas de la desaparición. Tres días después, la Fiscalía autorizó a un investigador para hacer las diligencias. La madre recuerda que, en los días y meses siguientes a la desaparición, salió todos los días a buscarlo. “A veces iba en el bus y de repente veía muchachos parecidos a él, yo me bajaba para convencerme que no era.”, relató.
Pasados seis meses, la señora tuvo una leve esperanza de llegar al paradero de su hijo, cuando las autoridades encontraron unos cuerpos dentro de un pozo en la colonia Monge de Santa Ana, zona donde se rumoraba que pandilleros habían raptado a Josué.
Las autoridades la llamaron para tomarle muestras y someterlas a prueba de ADN, pero fue hasta siete meses después que le confirmaron que los restos de su hijo no estaban entre los encontrados.
Durante 11 años la señora siguió yendo a la Fiscalía con la fe que un día tendría una respuesta, sin embargo, esa puerta se cerró con la entrada en vigencia del régimen de excepción, pues los fiscales tuvieron que ocuparse de las capturas masivas.