“Un registro depurado es un pilar de la transparencia de un proceso electoral pues asegura que solo podrían votar quienes estén habilitados”.
Así lo señaló Ruth Eleonora López, experta en derecho electoral, respecto a la información que dio a conocer este lunes el TSE sobre del incremento de posibles votantes para las elecciones de concejos municipales, Asamblea Legislativa y presidente de la República del 2024.
Ella explicó que uno de los principales problemas desde el exterior es que con la nueva ley aprobada por la Asamblea el año pasado, habría que inscribir en el Registro a personas que no tienen Documento Único de Identidad (DUI) y por tanto se vulnera el artículo 15 del Código Electoral que establece que la base para elaborar el registro electoral es la información del DUI que el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) proporciona al TSE.
La bancada legislativa de Nayib Bukele aprobó en septiembre de 2021 una nueva Ley de voto en el exterior, la cual ha sido cuestionada porque no especifica el mecanismo del voto.
En las dos elecciones presidenciales pasadas la diáspora podía votar de manera postal, pero los diputados parecen haber descartado ese mecanismo que los expertos electorales aseguran es la más fiable y se decantan por el voto electrónico.
“La ley aprobada regula que podrían votar personas con partida de nacimiento o con pasaporte, incluso llega a la barbaridad de habilitar a personas nacidos en El Salvador cuyos pasaportes emitidos por un país extranjero diga que nació en El Salvador”, dijo.
Añadió: “Esto implicaría un reto sin precedentes para el TSE para garantizar la integridad de la elección”.
Ella destacó que el Registro Electoral tiene un reto importante, que es “la actualización”. Es decir, no solo extraer a todas las personas que han fallecido, pues siempre hay ciudadanos que reportan a la hora de votar la presencia en los padrones de familiares difuntos o de quienes han perdido sus derechos por cumplir condenas o por renuncia a la ciudadanía.
Es por eso que, a juicio de esta experta, se requiere de “una amplia coordinación institucional denominada depuración y la modificación actualizada y permanente de la información de los ciudadanos, especialmente el domicilio, lo que lamentablemente es voluntario”.
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