Para Ruth Eleonora López, abogada y directora del área anticorrupciópn de Cristosal, el principal impacto de estos años de gestión de Nayib Bukele es que se ha neutralizado completamente el sistema de frenos y contrapesos. Esto deja a los ciudadanos indefensos ante abusos, añade.
En la práctica, esto significa que el presidente tiene vía libre para hacer lo que desee con el poder, sin frenos ni límites. Sus caprichos políticos pueden volverse la norma para el país y se vuelve cada vez más difícil fiscalizar el uso de recursos y las prioridades del Estado.
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Por otra parte, López lamenta que se haya consolidado el control del Ejecutivo por sobre los jueces y magistrados del país.
“Se aniquiló la independencia judicial y con ello las garantías para el ejercicio de los derechos de los salvadoreños, produciendo indefensión de la ciudadanía”.
Ruth Eleonora López
Este camino hacia la pérdida de independencia judicial se cimentó el 1 de mayo de 2021, cuando en su primer día de trabajo la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista removió —de forma ilegal, forzosa— a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que ejercieron frenos al poder y al fiscal general que investigaba posibles actos de corrupción en el gobierno actual. Ellos fueron sustituidos por abogados que responden al proyecto político oficialista.
El camino continuó con la remoción de los jueces y fiscales mayores de 60 años, o con más de 30 años de carrera. Esto consolidó el control del oficialismo sobre el aparato judicial y, como apunta López, dejó en indefensión al ciudadano, especialmente si es crítico del poder.
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Esto además ha traído una “anulación de derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión y la paz”, apunta la experta.
Régimen de excepción
Ruth López reconoce que el régimen de excepción ha sido una de las medidas que más popularidad ha traído al gobierno por el daño enorme que hicieron las pandillas al país por décadas.
Esto, explica, ha llevado a que “muchos ciudadanos sean capaces de renunciar a sus derechos y justificar los abusos y vulneraciones de la autoridad”.
Esto incluye torturas, malos tratos, arrestos arbitrarios y la estigmatización de muchas personas en razón de dónde viven o cómo lucen.
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Sin embargo, advierte que estos abusos que hoy consienten los ciudadanos, porque son dirigidos a quienes les hicieron daño, en un estado sin garantías pueden dirigirse en algún momento a cualquier ciudadano.
López señala que “los vulnerados mañana por el Estado pueden ser ellos mismos y no tendrán mecanismos de protección”, pues todo el poder gira en torno a una persona.
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