A tres días de que la jueza de instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo, retirara la orden de captura contra el diplomático y político Rubén Zamora, revocó la decisión en su contra sin hacerle informar de la medida.
La nueva orden de detención fue a solicitud de la Fiscalía General de la República, a pesar de que la orden de excarcelación se hizo pública el pasado 31 de enero cuando anularon la orden de captura.
La denuncia la difundió en sus redes sociales la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, quien calificó la medida judicial como abusiva.
“Déjese sin efecto el beneficio de excarcelación concedido al procesado Rubén Ignacio Zamora Rivas mediante resolución del día veinticuatro de diciembre en curso. Consecuente con lo anterior, y volviendo a tener vigor la detención provisional decreta gírese nuevas órdenes de captura en su contra”, se lee en el documento judicial.
“La jueza había ordenado su excarcelación pero 3 días más tarde revocó el fallo sin informar a Zamora. El proceso penal contra Zamora es abusivo y una burla a las víctimas de El Mozote”, reaccionó Goebertus.
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El pasado 1 de febrero, Zamora dijo en una conferencia de prensa que el objetivo de su detención era intentar “callarlo”, luego de que ha sido fiel crítico de la candidatura de Nayib Bukele para la reelección inmediata. Zamora dijo hasta la saciedad que el mandatario no podía correr para la Presidencia de la República, porque las leyes nacionales y electorales no lo permitían.
Zamora para entonces aseguró que seguiría trabajando en pro de la democracia salvadoreña.
“Es la muestra más burda de judicialización de la política existente”, reaccionó el sacerdote jesuita José María Tojeira tras la primera orden de detención.
Los exdiputados Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro y Raúl Antonio Peña Flores, y el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani tuvieron un papel clave en la ejecución de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado.
Zamora, al igual que el expresidente Alfredo Cristiani y los otros exdiputados de la época, fueron objeto de una orden de detención provisional dictada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera el pasado 22 de diciembre.
Todos están acusados de ayudar, en calidad de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, a los principales responsables de la masacre mediante la aprobación de la Ley de Amnistía.
Según la primera orden girada, la medida atentó contra la justicia para las víctimas de la Masacre del Mozote ocurrida durante la guerra civil.