El diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, enfatizó que el gobierno tuvo los instrumentos legales suficientes, incluso dentro de la misma Constitución, para hacer frente a las pandillas, y no tener que recurrir a medidas extremas que han desencadenado en “abusos” y que “paguen justos por pecadores”.
Desde el pasado 27 de marzo de 2022, El Salvador está inmerso en un régimen de excepción, el cual, según datos del gobierno, ha permitido llevar a la cárcel a más de 36,000 supuestos miembros de pandillas.
El parlamentario de ARENA no desmerita que con la aplicación del régimen de excepción, la gente ahora se sienta más tranquila, no así quienes han sufrido violación a sus derechos humanos.
El diputado arenero explicó que El Salvador no puede permanecer en un régimen de excepción permanente, sino contar con leyes que le faciliten perseguir a los criminales identificándolos fehacientemente, sin errores, pues sus cálculos de forma “moderada” y de acuerdo a estudios recientes de académicos, es que podrían rondar en medio millón de personas.
Lo anterior incluiría a pandilleros y miembros de su grupo familiar que pudieran estar relacionados como colaboradores y jóvenes que son reclutados por las pandillas.
Por eso él recordó que desde hace años, propuso una ley que no transgrede los derechos fundamentales de la ciudadanía, la cual facilita llevar un registro de las pandillas y otra normativa para la defensa social y abandono de la violencia.
Pero lamentó que ambas iniciativas en vez de ser analizadas para valorar su viabilidad, fueron desechadas por la bancada de los diputados oficialistas cuestionando que eran “represivas”, cuando ahora ellos mismos aprobaron un estado de excepción verdaderamente “represivo”.
“Comparto que se hagan cosas excepcionales, pero hay que hacerlas bien”, manifestó Ávila.
No sólo en las propuestas que él presentó en 2016 se puede combatir a los grupos criminales, Ávila expuso que la misma Constitución de la República en su artículo 13 inciso cuarto da las herramientas necesarias para ese objetivo.
En ese apartado que Ávila menciona se establece que “por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos…”.
“La Constitución ya lo dice: por la fuerza, no dice invitarlos. Para eso está la Constitución, nos puede dar el camino, pero a los pandilleros hay que darles tratamiento, al grupo familiar, es un proceso de acogimiento, no de perdón y olvido, pero sí que se salgan y se desintegren”, sostiene Ávila.
Por lo tanto, el diputado tricolor menciona que, con las mociones que él llevó a la Asamblea, una de ellas, la del Registro de Pandillas, que ha sido interpuesta de nuevo la semana pasada en el Congreso, serviría para operativizar lo que la Constitución ya mandata.
Además, en el Código Penal ya se establece que es delito pertenecer a un grupo criminal; la Ley de Proscripción de Pandillas los define como terroristas y hay una resolución de la Sala que también los cataloga como tales.
Para ejecutar estas acciones se necesita el instrumento legal para poderlos identificar, “para que no se lleven al vecino que cae mal, a uno que tiene tatuaje de ‘hello kitty’ o porque tuvo algún problema con alguien de la autoridad”, ejemplificó Ávila.
“Que no se necesite un estado de excepción para retener en la cárcel a quienes deben estar en la cárcel y no paguen justos por pecadores”, valoró el diputado arenero.
Trajo a cuenta que el actual gobierno ya cuenta también con otras herramientas penales que fueron implementadas por administraciones anteriores, entre ellas, las escuchas telefónicas, el fortalecimiento de la Fiscalía, la creación de 11 figuras penales, la cooptación del derecho a circulación, el reclutamiento de jóvenes.