A casi siete meses de aplicación del régimen de excepción, el fiscal general, Rodolfo Delgado, reveló que esta medida es una suerte de paso posterior al Plan Control Territorial (PCT).
El funcionario dejó entrever que suspender las garantías constitucionales de los salvadoreños fue un plan que estaba previsto desde antes del repunte de homicidios que supuestamente originó la medida excepcional en marzo.
“El Plan Control Territorial para lo que fue útil es para conocer el funcionamiento, conocer a los miembros (de pandillas), conocer los territorios en los que operan las organizaciones criminales, fue el paso necesario para prepararse a lo que se está viviendo en este momento, que es la aplicación del régimen de excepción”.
Rodolfo Delgado, fiscal general de la República
Señaló que el Plan Control Territorial fue la fase previa y se convirtió en un mecanismo adecuado para combatir el tipo de delincuencia que estaba viviendo El Salvador antes de marzo de 2022.
Delgado alegó que luego tenía que venir un marco legal como el régimen de excepción que le facultara al gobierno poder actuar de forma más inmediata para evitar que a la vuelta de la esquina los homicidas y pandilleros que cumplían dos años de prisión provisional fueran liberados.
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“Estábamos en esa vorágine que la Policía detenía un día, al siguiente día el juez lo liberaba, luego la Policía lo volvía a detener. El problema se da cuando el delincuente queda libre y regresa a la comunidad a seguir delinquiendo. Poco a poco la Policía iba perdiendo la seriedad y la autoridad con la cual se debe de manejar frente a los ciudadanos, ahora es todo lo contrario, y en ningún momento se vulneran derechos de los ciudadanos, a todas las personas se les nombra defensor y se les dice por qué motivo son detenidas”, afirmó Delgado.
Plan Control Territorial fallido
Sin embargo, para la implementación de las diferentes fases del Plan Control Territorial, la Asamblea terminó aprobando millones de dólares en deuda que ha adquirido el Estado, incluido un préstamo de $109 millones que originó la toma militar de la Asamblea el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente llegó con policías y militares fuertemente armados. Esto lo hizo para presionar a la oposición, reconoció luego Nayib Bukele.
“Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”, expresó en ese entonces el presidente, rodeado de decenas de soldados y de agentes de la Policía que lo acompañaron en el asalto a la sede de otro órgano de Estado.
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Los partidos de la oposición han cuestionado también que el dinero que se destinó en préstamos para ejecutar el Plan Control Territorial no dio el fruto esperado, al punto que han calificado a ese programa como un “plan fallido” y un “rotundo fracaso” del gobierno de Bukele en materia de seguridad ciudadana.
Por este motivo, la oposición política aduce que el Ejecutivo tuvo que pedir a sus diputados de la bancada oficialista que decretaran el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El caso más reciente cuestionado por los parlamentarios de partidos de oposición es la instalación de un cerco militar en el municipio de Comasagua, en La Libertad, pues señalan que contradice la eficacia que promulga el gobierno sobre el Plan Control Territorial y, más aún, del estado de excepción.
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En ese lugar fueron desplegados 2,000 militares para detener a supuestos pandilleros que asesinaron a un hombre.
“Lo que esto ha representado es la poca eficacia y lo que esto revela es que no está funcionando el régimen de excepción como ellos lo han planteado”, argumentó el jefe de la fracción de ARENA, René Portillo Cuadra.
Tres años de “Control Territorial”
El PCT fue lanzado el 20 de junio de 2019, pocos días después de que Bukele asumiera el cargo de Presidente de la República. Cuando el régimen de excepción entró en vigencia, ya llevaba tres años.
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En su discurso del tercer año de gobierno, Bukele justificó en la Asamblea que con la fase II del Plan Control Territorial comenzaron a brindar oportunidades a jóvenes de las comunidades afectadas por la violencia y que tuvieron éxito en cada una de las fases del mismo al reducir los homicidios en más del 80%.
Pese a sus palabras, en los tres años de implementación del Plan Control Territorial el éxodo de comunidades enteras por el asedio de las pandillas iba en incremento, así como la migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos.