Régimen de excepción no ha logrado encarcelar a gran parte de las pandillas

Es sábado. La noche  apenas comienza. Juan (nombre cambiado por seguridad) entra al cantón Las Casitas, de Santo Tomás, al sur de San Salvador, a traer a una persona con quien ha acordado ir a cenar. Se guía por una ubicación de GPS pero se detiene por unos segundos en una cruz calle al duda de la indicación que le da la aplicación. En ese momento se percata que a 40 o 40 metros hay tres hombres de apariencia joven ocultos bajo la sombra de la oscuridad. Uno de ellos sale como a ver el número de placa del carro y luego regresa a donde están los otros dos.

Después de unos segundos, Juan llega donde la persona ya lo espera. Al regresar, los tres jóvenes ya no están en el lugar.

Aproximadamente tres horas después, Juan regresa al cantón a dejar a la persona, pero ingresan por otra calle. Entre varios carros estacionados, está otro grupo de jóvenes incluyendo el de camisa y zapatos blancos que se había aproximado al carro como a checar la placa. Están como a un kilómetro donde los vio al entrar.

Ante eso, la persona acompañante le recomienda que si sale por la misma calle y esos hombres le hacen parada, por ningún motivo les obedezca. Son pandilleros. Juan sale por otra ruta.

Así como en el cantón Las Casitas hay varios lugares donde por las noches se ve a pandilleros caminando rápidamente por las calles de las colonias de Soyapango, Ilopango o Apopa, por ejemplo. Caminan viendo para todos lados pero sin intentar detener los vehículos como lo hacían antes del régimen de excepción.

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No han sido erradicadas

Una serie de informes de inteligencia policial a los que la revista Insight Crime ha tenido acceso revelan que un gran porcentaje de miembros de las principales pandillas de El Salvador aún siguen en libertad.

Los informes citados contradicen el discurso triunfalista que funcionarios de gobierno manejan sobre los resultados obtenidos luego de 18 meses bajo el régimen de excepción con el cual se ha conculcado derechos constitucionales a los salvadoreños.

De acuerdo con un reportaje firmado por el periodista Roberto Valencia, las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones de la pandilla 18 (Sureños y Revolucionarios) aún conservan 54 grupos armados, sobre todo en áreas rurales.

El informe de Insight Crime revela que los reportes de inteligencia policial indican que al menos 43,000 pandilleros aún están en libertad. En esos 43,000 pandilleros estarían categorizados los miembros activos o homeboys, los chequeos (aquellos que aspiran a ser homeboys) y los “colaboradores”.

En esta última categoría, según el informe, son incluidos “supuestos operadores y ayudantes de esos grupos”, una designación muy amplia, según escribe Valencia.

En los territorios bajo control de pandillas muchas personas eran obligadas a “colaborar” con esos grupos; negarse a colaborar con ellos podría suponer ser objeto de venganza de quienes verdaderamente mandaban en muchas colonias, lotificaciones o comunidades. Incluso, miembros de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional Civil que viven en tales lugares tenían que hacerlo o, cuando menos, tenían que acatar la orden de “ver, oir y callar”, un código impuesto por grupos criminales.

Muchas de esas personas que en algún momento fueron obligados a colaborar están ahora presas bajo el régimen de excepción, pero también siguen en libertad personas que por afinidad con esos grupos les colaboraban. Por ejemplo, muchas madres o mujeres de cabecillas, ranfleros o palabreros permanecen en libertad.

En la comunidad San José del Pino, de Santa Tecla, hay varios de esos colaboradores que a sabiendas de que el dinero que les entregaban sus hijos o maridos provenía de extorsiones, venta de drogas o sicariato, no los denunciaban.

“¿Y a la familia de El Trece (Saúl Turcios Angel, cabecilla de la MS-13) también la agarraron en el cerco que le pusieron a la comunidad?”, preguntó un periodista a un vecino de esa comunidad.  “No, ella allí pasa bien tranquila. Se ve que vive bien aunque no trabaja”, fue la respuesta.

De acuerdo con Insight Crime, que 54 grupos de pandillas con aproximadamente 43,000 sigan en libertad “ponen en entredicho el triunfalismo de la administración de Nayib Bukele que auspició una ofensiva sin precedentes contra esos grupos criminales”.

El informe de Valencia revela también que la supuesta arremetida contra las pandillas no ha sido igual en todo el territorio salvadoreño. Hay departamentos donde el embate ha sido débil, como en el caso de Sonsonate, donde antes del régimen de excepción, la policía registraba cinco grupos y, 18 meses después, en vez de disminuir ahora contabilizan seis grupos.

54 grupos armados

Pero la ineficacia del Plan Control Territorial, según Insight Crime, no se refleja solo en que las pandillas tienen en libertad a 54 grupos con unos 43, 000 miembros.

“El más reciente de los informes en manos de InSight Crime, fechado 1 de septiembre de 2023 y de 19 páginas, cifra en 54 los grupos armados de pandilleros que siguen activos en El Salvador. A dos meses de iniciado el régimen, en junio de 2022, la PNC tenía monitoreadas 95 células (clicas, en argot pandillero) con suficiente armamento como para ser consideradas “grupos armados”. En febrero de 2023, este número había bajado a 75 y en mayo disminuyó a 67. Pero todavía quedan 54 en septiembre. La MS13 está detrás de 43 de esos 54 comandos; seis son del Barrio 18 Sureños, y los cinco restantes, del Barrio 18 Revolucionarios”, consigna Valencia en Insight Crime.

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“Otro indicador son las incautaciones de armas. Uno de los informes policiales revela que en lo que va de 2023 suman apenas 83 fusiles incautados. El año pasado fueron 242. Y antes del régimen de excepción, las cifras eran más altas. La policía incautó 321 fusiles en 2020 y 508 en 2019. Esto indica que las pandillas aún conservan buena parte de sus arsenales…”, asegura el informe.

Además de la cantidad de pandilleros en libertad y del escaso decomiso de armas, mucho menos que en años anteriores al régimen de excepción, el accionar de las pandillas se refleja en las extorsiones, según los datos de inteligencia policial citados por Valencia.

“Aunque las denuncias por extorsión que registra la PNC han disminuido un 54% en lo que va de 2023 respecto al mismo período de 2022, cada semana hay un promedio de 16 denuncias por este delito. Un total de 572 denuncias han sido procesadas hasta el 11 de septiembre, y en 375 de los casos, identificaron a sus extorsionistas como miembros de una las dos facciones del Barrio 18 o de la MS13", indica los reportes policiales, según Insight Crime.

Lo anterior indica que 65 de cada 100 casos de extorsión denunciados, se ha comprobado que los responsables son miembros de la MS-13 o de las dos facciones de la Dieciocho.

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De acuerdo con la publicación de Insight Crime, que cita la opinión de un criminólogo, hay células de pandillas que están inactivas temporalmente por propia iniciativa, es decir, que la falta de una respuesta violenta de su parte a la embestida del gobierno, sería una estrategia deliberada por parte de esos grupos criminales.

De acuerdo con datos oficiales, más de 70 mil personas han sido arrestadas bajo el régimen de excepción, de las cuales han sido puestas en libertad, aproximadamente 7,000, datos que indican que al menos 10 personas de cada 100 capturadas, no tenían relación con grupos de pandillas o, lo que es lo mismo, fueron capturados injusta y arbitrariamente, como lo han señalado decenas de familiares de detenidos, incluyendo parientes de personas que murieron mientras estaban en prisión.