La reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, dejó entrever que la defensa de los derechos migrantes no se encontraba entre los puntos a tratar en el encuentro, e inclusive la visita oficial podría ser analizada como un acto de “complicidad en violaciones a derechos humanos”, señaló la Alianza Américas.
A través de un comunicado, la organización destacó: “Nos alarma especialmente la creciente colaboración entre ambas administraciones, para detener y trasladar personas migrantes a El Salvador, sin fundamento legal claro y sin garantías mínimas de derechos humanos”, debido a que en marzo se concretó la deportación de al menos 238 venezolanos, de los cuales un alto porcentaje no tenían ninguna vinculación a estructuras criminales y debían ser deportados a sus lugares de origen.
Sumado a esto se encuentra el caso de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño protegido por la justicia estadounidense que fue deportado junto a un grupo de venezolanos actualmente detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
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“Este tipo de prácticas no solo son ilegales e inhumanas, sino que configuran una peligrosa mercantilización de la vida de las personas migrantes”, recalcó el comunicado argumentando que “pese a las declaraciones oficiales, la responsabilidad de la liberación de Kilmar Ábrego recae tanto en el régimen salvadoreño como en el gobierno estadounidense, que tiene los medios para garantizar su retorno seguro a Estados Unidos”.
Para organizaciones que trabajan directamente con la comunidad salvadoreña migrante, como Asociación Salvadoreña en Los Ángeles (ASOSAL), la reunión entre ambos mandatarios representa un mensaje de desinterés hacia los más de dos millones de salvadoreños que residen en los Estados Unidos.
Para Salvador Sanabria, director ejecutivo de la Fundación El Rescate en Los Ángeles, la reunión en la Casa Blanca ignoró las verdaderas preocupaciones de la diáspora. “Un periodista preguntó tres veces sobre el futuro del TPS y fue completamente ignorado. Ese silencio, en un escenario tan simbólico, duele. Estamos hablando de más de 150,000 salvadoreños que dependen de ese estatus”, expresó Sanabria.
Añadió que el clima político en Estados Unidos no es favorable para los migrantes. “Este caso no es aislado. Si sumamos a los más de 200 venezolanos que también fueron deportados y enviados al CECOT, claramente estamos ante un patrón”, alertó.
Sanabria también señaló que “la industria de detención es un negocio multimillonario” y que podría estar influyendo en estas decisiones. “Se habla incluso de convertir una parte del CECOT en una especie de Guantánamo bajo jurisdicción estadounidense. Eso es gravísimo”, agregó.
Desde ASOSAL, Teresa Galván también manifestó su decepción: “Esperábamos que se hablara de la situación migratoria, del TPS, de una posible legalización. Pero no se dijo nada. Nos pareció un encuentro donde Bukele no tuvo ni espacio para hablar”.
Galván también cuestionó el silencio ante el caso Ábrego. “Estamos hablando de un salvadoreño con residencia legal, con familia en Estados Unidos, sin antecedentes criminales. ¿Cómo es posible que lo deporten sin investigar? ¿Quién garantiza que no haya más errores así?”, se cuestionó.
Ambas organizaciones han documentado un aumento en la demanda de asesoría legal. Solo El Rescate atiende más de 250 casos activos, ofreciendo clínicas gratuitas cada semana. Según Sanabria, el miedo entre los migrantes ha crecido notablemente: “Muchos temen que lo de Kilman Ábrego se repita. La gente busca ayuda para no terminar en el limbo legal que él enfrenta”.
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Mientras que Alianza Américas recalcó “la ciudadanía en El Salvador y en Estados Unidos, incluyendo a las comunidades migrantes y sus familias, merecen gobiernos que actúen con justicia, respeto a los derechos humanos y apego a la legalidad. Ningún acuerdo que viole estos principios debería ser tolerado ni celebrado”.
Galván también explicó cómo la situación laboral se agrava para quienes no tienen la documentación adecuada “las nuevas leyes y controles hacen casi imposible trabajar sin documentos. La discriminación crece, y no solo por temas legales, también por discursos xenofóbicos que se han normalizado”.
ASOSAL también expresó preocupación por la percepción de que El Salvador esté “rentando espacio” para encarcelar personas deportadas. “Se está viendo como un negocio. Pero, ¿a qué costo? ¿Quién investiga a quién se está recibiendo? Pueden estar violando derechos sin saberlo”, advirtió Galván.
La diáspora, sin embargo, no se ha quedado de brazos cruzados. Galván detalló que ya hay movimientos de iglesias y protestas frente a la Casa Blanca en apoyo a Kilmar Ábrego.
“Grandes movimientos se están organizando. Esto no es solo por él. Es por todos los que podrían ser víctimas de un sistema que criminaliza sin pruebas”, agregó Galván.
Ambas voces coincidieron en hacer un llamado al gobierno salvadoreño “si hay una verdadera amistad entre Bukele y Trump, que se traduzca en algo concreto, defender a los salvadoreños que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos”, pidió Sanabria.
