Las acciones que socavan el Estado de Derecho en el país se agudizaron durante el 2024, hasta provocar la pérdida del sistema democrático, según análisis realizados por especialistas a quienes consultó El Diario de Hoy.
De acuerdo con los expertos, el país lleva una trayectoria desde 2021 de socavamiento del Estado de Derecho, iniciada el 1 de mayo de ese año cuando la Asamblea oficialista comenzó su trienio con la destitución de forma ilegítima a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, en 2024 esta situación se ha agravado.
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"Desde hace varios años, se ha dado un franco retroceso contra la democracia. Por un lado, la falta de independencia judicial y la ausencia de garantías para que las personas sean procesadas con objetividad, imparcialidad e independencia son los elementos más importantes que evidencian los retrocesos democráticos", señaló Danilo Flores, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador de la UCA.
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Otro de los hitos fue el retiro obligado de jueces de diversos tribunales en 2021, seguido de una constante cooptación de las instituciones que ahora siguen lineamientos del Ejecutivo; lo que ha provocado una falta de controles entre los órganos del Estado.
Flores también destacó la falta de instituciones que permitan una adecuada rendición de cuentas gubernamentales.
"La Corte de Cuentas de la República no funciona adecuadamente, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tampoco actúa de manera apropiada y los tribunales de la República no garantizan el debido proceso ni el ejercicio del derecho de defensa", expuso Flores
Para el experto, lo que más profundizó en 2024 la crisis del Estado de Derecho fue la candidatura y reelección de Nayib Bukele como presidente de la República.
Flores recordó que existen al menos seis artículos de la Constitución que prohiben la reelección presidencial. No obstante, se usó una resolución de la CSJ para habilitar dicha candidatura.
"Además, el Tribunal Supremo Electoral no tramitó ni resolvió el fondo de varios recursos que se habían interpuesto. Ese es el signo más evidente del retroceso democrático y la consolidación de un estilo autoritario en la conducción del país", aseguró.
Jiovanni Fuentes, coordinador de proyectos de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), coincidió en que el Estado de Derecho está en una situación bastante comprometida debido a la cooptación del sistema judicial.
El Diario de Hoy también consultó a Ruth López, jefa del Área Anticorrupción de Cristosal, sobre si un Estado en el que las instituciones no responden a la ciudadanía, sino a un solo organismo, cumple con las características y garantía de ser democrático.
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López explicó que la democracia consta de tres elementos: En primer lugar, el ejercicio, garantía y reconocimiento de los derechos; en segundo lugar, elecciones periódicas, libres y competitivas; y, por último, la existencia de un sistema de rendición de cuentas.
"Si no existe un sistema de rendición de cuentas funcional, El Salvador no es una democracia", afirmó la abogada.
El analista político Carlos Araujo explicó que el poder absoluto que ostenta la presidencia de Bukele neutraliza los entes de control.
"Hay muchas señales de que en el gobierno de Bukele ha habido más corrupción que en los de Saca y Funes juntos", señaló.
Recientemente, los resultados del Latin American Public Opinion Project 2024 evidenciaron que buena parte de la población salvadoreña tendría más tolerancia hacia prácticas cuestionables de políticos y avalaría la reelección indefinida en la Presidencia de la República.