Juan Carlos Cornejo, de 39 años de edad, es conocido en El Congo, Santa Ana, como un amante de los animales. Durante años, luego de dejar su trabajo debido a un accidente laboral que lo dejó con incapacidades, se dedicó de lleno al rescate de animales y a dar una asistencia básica a mascotas de amigos, conocidos y personas que lo recomendaban.
El pasado 10 de enero, agentes de la policía llegaron a su casa a buscarlo, alegando que habían recibido una denuncia anónima que lo vinculaban como integrante activo de las pandillas. Lo mantuvieron detenido en las bartolinas de Santa Ana durante dos semanas pese a su condición de salud, hasta el pasado 20 de enero, cuando fue acusado en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Juan Carlos fue trasladado al penal de Izalco donde, según su compañera de vida, Esmeralda Murillo, aún guarda prisión. “Me notificaron de la carta de libertad en el Juzgado Segundo contra el Crimen de Santa Ana el 19 de abril, no me quisieron dar copia de la carta de libertad, alegando que los casos de régimen tienen reserva”, comentó Esmeralda.
Según el tribunal indicado, y un documento de habeas corpus en poder de Esmeralda, ella debe pedir la carta de libertad a la Procuraduría General de la República por escrito, a través de su representante legal. Sin embargo, el abogado que realizó el proceso no ha tenido una respuesta por parte de la institución.
En otros casos que ha documentado este medio, familias ya han denunciado que Centros Penales ha mantenido en prisión a detenidos en el régimen de excepción pese a que un juez les ha ordenado libertad.
Representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y el Socorro Jurídico Humanitario también han denunciado a través de redes sociales esa práctica en los centros penitenciarios.
Sin permitir verificar salud
Esmeralda, por su parte, denuncia que a su compañero de vida también se le ha violentado el derecho a la atención médica, pues a través de un Habeas Corpus (recurso contra detenciones ilegales) solicitó que se le practique el chequeo médico a Juan Carlos. Sin embargo, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de Sonsonate detalló en un documento que el Instituto de Medicina Legal intentó verificar la salud del detenido, pero el centro penitenciario no lo permitió, por lo que el Juzgado solicitó a la Dirección de Centros Penales que se permita la evaluación.
A causa del accidente laboral que sufrió antes de ser detenido, Juan Carlos tiene una lesión vertebro medular a nivel de la T12, por lo que en su momento fue intervenido quirúrgicamente para colocarle material metálico y alambre quirúrgico.
Luego del accidente, Juan Carlos ha presentado secuelas de neuropatía en sus piernas, hipoestesia desde la rodilla y atrofia muscular, lo que le impide su desplazamiento, obligándolo a usar bastón o muletas.
Mientras sigue a la espera de la liberación de Juan Carlos, Esmeralda ha cuidado de las últimas mascotas que él rescató y que se han recuperado también gracias a la comunidad, que conoce el trabajo de la pareja en beneficio de perros que sufren accidentes en la carretera o que son abandonados. Al mismo tiempo, Esmeralda se encarga de ganar ingresos para alimentar a sus dos hijas de cuatro y un año.
