La representación política podría distorsionarse al eliminar el financiamiento a partidos

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) advierte que la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos abre el riesgo de que la representación política se incline a favor de intereses particulares que financien a los partidos.

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 12 de febrero un acuerdo de reforma constitucional que deroga el artículo 210 de la Constitución de la República, pendiente de ratificarse, para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, lo que FESPAD considera que “forma parte de la tendencia a reducir la participación ciudadana en la conducción del Estado”.

Aunque señala que la eliminación deuda política puede interpretarse como una medida de austeridad, esto plantea serias implicaciones para el sistema político salvadoreño.

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“Al suprimir este financiamiento, se corre el riesgo de que solo aquellos partidos con acceso a recursos económicos privados significativos puedan competir efectivamente, lo que podría distorsionar aún mas la representación política y favorecer intereses particulares sobre el bien común”, enfatizó la organización en un comunicado divulgado este martes.

Agrega que esa medida, además, desestimula la organización de la ciudadanía en partidos políticos para participar en asuntos públicos. “La supresión del financiamiento público a los partidos políticos tiene un impacto directo en su capacidad para ejercer su función mediadora entre la ciudadanía y el Estado”, sostiene.

Expone que en una democracia representativa, el papel de los institutos políticos no solo es para canalizar las demandas ciudadanas hacia las instituciones del Estado, sino que también “estructuran el debate político, articulan programas de gobierno y facilitan la participación electoral de sectores diversos de la población”.

FESPAD añade que la existencia de diferentes partidos promovería “el pluralismo político e ideológico que toda democracia debería conservar” y al suprimir la deuda política se limitaría el acceso equitativo a recursos que permiten a los partidos “representar genuinamente a sus bases y desarrollar agendas políticas que respondan a intereses colectivos, no solo a los de sectores económicamente privilegiados”.

Para la Fundación también es cuestionable la reforma al tomar en cuenta el mecanismo “expedito e inconsulto” con que se hizo, el cual excluyó a la ciudadanía del debate. Los argumentos solo se presentaron en una sesión de la Comisión Política y luego en el pleno legislativo en menos de una semana.

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“La combinación de la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y la utilización de mecanismos expeditos para reformar la Constitución sienta un precedente peligroso. Estas acciones se suman a la concentración del poder que se viene experimentando desde 2021, debilitando los contrapesos institucionales y erosionando el sistema de representación democrática”, añade FESPAD.

Y considera que no debe naturalizarse procesos de este tipo para modificar la norma fundamental de El Salvador.

Previamente, la Asamblea dominada por Nuevas Ideas ratificó la reforma al artículo 248 de la Carta Magna que permite a una misma legislatura hacer cambios constitucionales. La organización advierte también que con este mecanismo exprés incluso el catálogo de derechos fundamentales queda sujeto “al más imprevisible capricho o agenda política inmediatista”, lo cual no puede ser aceptado.