El documento que contiene el dictamen preliminar de la causa de muerte de Adrián Efraín Solórzano Hernández, de 30 años, dice claramente: asfixia mecánica por estrangulación. Lo mataron. Fue asesinado.
De acuerdo con familiares de Adrián, en algunas redes sociales se ha dicho que “se suicidó” tras ser llevado a una segunda audiencia judicial. Pero eso es falso, según familiares de Adrián. Y según el dictamen forense del Instituto de Medicina Legal (IML), del cual se tiene copia, el reo no se suicidó.
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Hilda Solórzano, hermana de Adrián, afirmó que a su hermano solo lo habían llevado a la audiencia inicial en la que le decretaron detención provisional por el delito de organizaciones terroristas. Adrián fue capturado la noche del 18 de abril en su vivienda, en la colonia Espíndola, del municipio de Jucuapa, departamento de Usulután.
A la casa de Adrián llegaron policías destacados en la subdelegación de Jucuapa. Le dijeron que llegaban a arrestarlo por pertenecer a organizaciones terroristas.
Adrián era muy conocido en Jucuapa, donde trabajaba como transportista independiente; hacía viajes como taxi privado en dos vehículos, uno de su propiedad y otro de su madre, Hortensia Hernández.
En el momento de la captura, Adrián le dijo a los policías que eso era mentira, que no pertenecía a ningún grupo criminal. Ellos le respondieron que pandilleros que ya estaban en prisión habían dicho que él era parte de la pandilla, sin mencionar cuál organización.
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“Los que están adentro están quemando a los de afuera”, dijeron los policías captores, quienes para convencerlo le dijeron que solo le harían unas cuantas preguntas.
Adrián solo atinó a pedirles que le permitieran ponerse una camisa, pues la estaba descansando; luego salió de su casa confiando en que todo se aclararía.
En casa quedaron su esposa y su hijo de 4 años, quien era toda su adoración, según sus familiares.
“Él sólo les pidió que lo dejaran ponerse una camisa. Ellos (los policías) le dijeron que solo le harían unas preguntas, pero esas preguntas se convirtieron en la muerte de mi hijo”, comentó Hortensia ayer al mediodía.
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La noticia de la funeraria
La familia de Adrián había preguntado si se le podía poner abogado particular, para procurar su pronta libertad, con base en lo seguros que estaban de que había sido arrestado injustamente. De acuerdo con parientes, en la Procuraduría General de la República (PGR) les dijeron que no era posible en esa etapa del proceso judicial; que lo único que podían hacer era reunir documentos que demostraran los arraigos familiares y laborales que él tenía.
Pero el martes anterior, la familia Solórzano recibió la visita de unas personas que se identificaron como empleados de una funeraria. Les llevaban la mala noticia de que Adrián había muerto. Sin embargo, para entonces ya habían transcurrido varias horas del deceso.
El documento de Medicina Legal indica que murió el 4 de julio. Su cadáver fue reconocido en el hospital nacional Zacamil, de Mejicanos.
De acuerdo con fuentes de centros penales y relatos de personas que han recuperado su libertad, muchas personas mueren en el interior de los centros de detención, pero siempre las llevan al hospital Zacamil o al Rosales para que sea en esos lugares donde les hagan el reconocimiento legal de los cadáveres.
Lo anterior explica, según fuentes cercanas a Centros Penales, que muchos reos son reconocidos en los parqueos de los hospitales, porque ya van muertos.
EL DICTAMEN DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DICE QUE ADRIÁN FUE ASFIXIADO
Familiares y vecinos de Adrián piden justicia
“Quisiera tener enfrente al presidente (Bukele) para decirle sus verdades en la cara”, dijo ayer una persona adulta mayor, originaria de Jucuapa, que estaba presente en el velorio de Adrián.
“Este presidente comenzó bien, pero ¡mire lo que estamos viviendo! ¡Gente inocente muriendo! ¡Gente que no tenía por qué meterlos presos!”, acotó la anciana, con evidente pesar por la muerte de Adrián, a quien describió como un joven trabajador, educado y tranquilo.
Por su parte, Hilda, hermana de Adrián, comentó que no están en contra del régimen de excepción implantado por el gobierno para combatir a las pandillas, pero sí en contra de las injusticias que se están cometiendo contra personas inocentes, como en el caso de su hermano, de quien afirmó: “Jamás estuvo vinculado a pandillas”.
“Mi hermano no tenía ningún registro delincuencial; él era reconocido por ser trabajador. Aquí pueden preguntar a quien quieran sobre la conducta de él”, afirmó Hilda.
Hilda explicó que fue en Medicina Legal donde le dijeron que su hermano había sido asfixiado aparentemente con una macana, posiblemente cuando trataban de someterlo.
“Cuando yo llegué a Medicina Legal, empecé a pedir información y gracias a los trabajadores de Medicina Legal que se portaron muy profesionales, muy humanos; ellos me mostraron lo que le habían hecho a mi hermano”, afirmó Hilda a El Diario de Hoy.
Según Hilda, del trabajo de Medicina Legal se concluye que Adrián fue asfixiado con una macana cuando trataban de someterlo y que, posiblemente, Adrián trató de sustraerse de la presión que le hacían en el cuello y fue cuando más lo presionaron, hasta matarlo.
Militares allanan instalaciones del Instituto de Medicina Legal
Desde el pasado 4 de julio, a miembros del Batallón de Sanidad Militarse les ha permitido el ingreso al Instituto de Medicina Legal para que se involucren en el proceso de las autopsias, según lo ha confirmado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Alberto López Jerez, quien a la vez dijo que la medida obedecía a una solicitud del director del IML, Pedro Martínez.
Miembros de sindicatos del Órgano Judicial han manifestado su preocupación por la interferencia de los militares, quienes no tienen ninguna preparación para participar en el proceso de autopsias, las cuales muchas veces se vuelven piezas fundamentales en las investigaciones de diversos crímenes.
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Por su parte, Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), opinó al respecto: “Que yo sepa, el Batallón de Sanidad Militar no tiene forenses”.
Fino mostró su preocupación por la cooptación del IML por parte del Ejecutivo. “Si lo tienen cooptado (al IML) van a poner cualquier causa (de muerte)”, acotó. En su opinión, lo ocurrido es evidencia de la militarización del Estado.