La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este miércoles que las recientes reformas que penalizan hasta con 15 años de cárcel a quienes difundan mensajes alusivos a pandillas por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales atentan contra la libertad de expresión en El Salvador.
La oficina de la CIDH se pronunció a través de un comunicado sobre las enmiendas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas aprobadas de forma exprés el pasado 5 de abril en la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, modificaciones que se dan en el marco de un régimen de excepción que aplica el gobierno de Nayib Bukele desde el 27 de marzo tras un repunte de violencia en el país.
La Relatoría alertó que tal cual están redactadas ambas enmiendas “activan riesgos de criminalización severa sobre actividades legitimas en la sociedad y de especial trascendencia para la vida democrática como lo son el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la actividad parlamentaria, la investigación académica, entre otras”, al señalar que “todas estas actividades requieren de garantías a la libertad de expresión y en su conjunto contribuyen a que la sociedad esté informada sobre su entorno y pueda participar libremente de las decisiones que la impactan”.
Por lo que consideró que “la comprensión democrática de los asuntos de interés general -incluyendo la seguridad ciudadana- necesita certidumbre jurídica para que las personas puedan participar libre e informadamente de los asuntos que le atañen como sociedad sin temor a ser criminalizadas”.
“Ambigüedad” en la redacción
En su pronunciamiento la oficina de la CIDH señala que la libertad de expresión es un derecho garantizado por la Convención Americana, por lo tanto esta no puede limitarse por invocar el orden público, como lo ha argumentado el Estado salvadoreño.
Según el comunicado de la Relatoría, el Estado ha negado que las reformas restrinjan la labor de la prensa y este “hizo saber a esta oficina que las conductas punibles a las que estas legislaciones apuntan ‘dista[n] mucho de la labor informativa de los medios de comunicación’”.
Añadió en su defensa “que prueba de ello es que, a la fecha, transcurridos siete días desde que entraron en vigor las reformas, ‘los medios de comunicación han continuado realizando publicaciones en diversidad de plataformas y en redes sociales sobre el tema de las pandillas en El Salvador y no ha existido persecución alguna’”, detalló el comunicado.
Sin embargo, al referirse a las reformas penales, la Relatoría indicó “que la amplitud y la vaguedad de los términos que se emplean para describir las conductas prohibidas entran en conflicto con los estándares internacionales que exigen que todo límite a la libertad de expresión esté previsto de manera expresa, taxativa y clara en la ley. La mencionada ambigüedad de la redacción dificulta distinguir entre las expresiones sancionables y las que no”.
De esa manera, ejemplificó que “la penalización de cualquier tipo de expresión visual que ‘implícitamente’ haga alusión a grupos criminales puede entrar en conflicto con lo que la Corte Interamericana ha señalado respecto de que ‘en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles’”.
La Relatoría de la CIDH instó al Estado “a adecuar las legislaciones a los estándares interamericanos de derechos humanos en materia de libertad de expresión”.
Aclara que la preocupación externada por la oficina “en torno a las potenciales afectaciones a ejercicios legítimos de la libertad de expresión no deben ser entendidas como un respaldo a discursos que alienten o promuevan la violencia y discriminación”.