Ante las reformas planteadas por el Ejecutivo al Código de Familia; el diputado del partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright, mencionó que es un tema que debería preocupar, por la “tendencia” que sigue el gobierno de centralizar todo en el Ejecutivo.
Entre las modificaciones al Código de Familia figura que se le estaría restando facultades a las municipalidades de poder emitir partidas de nacimiento y toda documentación que certifique sobre los hechos y actos que modifiquen el Estado Familiar de las personas naturales y sobre los demás hechos y actos jurídicos que determinen las leyes.
Para llevar a cabo esta función, en la reforma se delega al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) el cobro de las tasas por los servicios que prestaría por emitir certificaciones de partidas de nacimiento y de cualquier otro servicio que prestan en la actualidad las alcaldías.
En el proyecto de decreto se detalla que los costos por obtener una partida de nacimiento será de $3; por la certificación del registro del DUI y no DUI el costo será de $5; por certificaciones de partidas de nacimiento, defunciones o matrimonios en El Salvador también $5; por certificación de partidas de nacimiento en el exterior el valor sería de $35; por una constancia de homónimo $10; para establecer un trámite de identidad personal “conocido por” $20; por una evaluación de audiencia subsidiaria $30; por una certificación de registro histórico del Estado Familiar $8; y por una habilitación de DUI por recuperación de nacionalidad $25.
“Estamos viendo centralización, habría que analizarlo, pero las motivaciones que hay detrás de eso no nos termina de dar la confianza, sí es importante reforzar todas las unidades de registro de las 262 alcaldías, ha habido mucho por falta de incapacidad, por falta de recursos, pero quitar esa posibilidad del cobro, no deberían quitarles el recurso, sino de fortalecer a las entidades que se encargan de registrar partidas de nacimiento, defunciones, sino de centralizar recursos y la toma de decisiones”, afirmó la diputad de VAMOS, Claudia Ortiz.
Anteriormente, el gobierno también quitó la potestad a las municipalidades de poder administrar los fondos para obras en sus localidades, para lo cual disolvió al Instituto de Desarrollo Municipal (ISDEM) y creó a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), que es la entidad que ahora maneja los recursos que el Estado entregaba a los alcaldes del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), los cuales les correspondían por Constitución.
Entre las modificaciones también se establece la facultad que tendría el RNPN de poder gestionar préstamos, previa aprobación del Ministerio de Hacienda. Señala que los fondos podrán ser usados en la realización de sus fines y que en el presupuesto de la institución se considerarán las partidas indispensables para el pago de la deuda.