Hace exactamente seis meses, en medio de una escalada de violencia sin precedentes en la historia reciente, la Asamblea Legislativa decretó régimen de excepción.
El domingo 27 de marzo, los diputados acordaron suspender los derechos de libre asociación, inviolabilidad de la correspondencia y defensa ante una detención. Además ampliaron el periodo máximo de detención administrativa.
Desde ese momento, el régimen de excepción ha sido prorrogado seis veces y solo el derecho a la libre asociación se ha restablecido.
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Los diputados que el presidente controla también han reformado numerosas leyes para endurecer penas a delitos vinculados a pandillas, pero además han aprobado penas de cárcel a medios que reporten información de estos grupos criminales y han avalado medidas que permiten capturas arbitrarias o por delitos ambiguamente desarrollados.
Los resultados son altamente contratantes: se ha reducido significativamente la cifra de homicidios, también se ha registrado una cifra alta de violaciones a los derechos humanos.
En seis meses, hay miles de detenciones arbitrarias, estigmatización de jóvenes, malos tratos en los centros penales, cientos de casos de tortura y muerte de personas bajo custodia del Estado.
Un reflejo del gobierno de Bukele
La política de seguridad principal del gobierno de Nayib Bukele ha estado cimentada sobre graves abusos de poder, según expertos consultados por este medio.
Para Ruth Eleonora López, directora anticorrupción de Cristosal, el régimen de excepción es un reflejo más del carácter del gobierno de Nayib Bukele.
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“El gobierno de Bukele se caracteriza por la opacidad, la propaganda como eje de las acciones y la arbitrariedad, que se expresa no solo en el abuso de los poderes de emergencia (pandemia, lluvias y seguridad) sino en el irrespeto de las reglas de una sociedad democrática”, afirmó López a El Diario de Hoy.
"Captura de inocentes, la promoción de las denuncias sin fundamentos de seguridad, los fallecidos bajo custodia del Estado, jueces sin rostro y las suspensiones a abogados sin procesos”.
Ruth López, Cristosal
A juicio del abogado Wilson Sandoval, la arbitrariedad y las violaciones a los derechos humanos son el centro de las actuaciones del Estado en el régimen de excepción.
Sandoval, al igual que Ruth López, da cuenta de la evidencia de “arrestos ilegales y muertes en centros penales de detenidos que jamás supieron el por qué su detención o vieron a un juez”.
Asimismo, lamenta que la Corte Suprema de Justicia ha suspendido “de hecho” los hábeas corpus o recursos que protegen a los ciudadanos de desapariciones arbitrarias.
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Finalmente, señala que el régimen de excepción es una muestra más del cierre de espacios de transparencia. Esto, pues al lado del régimen se han ido aprobando decretos que permiten al Estado saltarse la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y le deja hacer contrataciones “a dedo”.
Régimen de excepción, ilegal y “permanente”
Para Celia Medrano, periodista y defensora de derechos humanos, el régimen de excepción es claramente inconstitucional, pues la suspensión de garantías constitucionales se ha vuelto una medida permanente, cuando el artículo 29 de la Constitución establece que se puede hacer “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.
A su juicio, el régimen actual ya no responde a las “supuestas razones que se argumentaron” para decretarlo hace seis meses.
“El régimen de excepción permanente se complementa con una decisión política ya tomada con anterioridad por los grupos de poder que controlan Casa Presidencial de violar derechos humanos y saturar a la ciudadanía con la idea de que violar derechos humanos es necesario o se justifica en nombre de la seguridad”, criticó.
La respuesta predeterminada
José Marinero, presidente de la Fundación DTJ, lamenta que la respuesta a la violencia haya sido inmediatamente restringir derechos “de manera indiscriminada e injustificada”. Esto, en menoscabo de medidas focalizadas y dirigidas a combatir estructuras criminales.
Además, considera que el régimen se ha impuesto mediante violencia policial y militar, para la cual “las personas pobres y jóvenes son siempre sospechosas”.
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“La evidencia se va acumulando sobre cientos de abusos policiales, errores en detenciones, prácticas ilegales de detención, torturas, hacinamiento e incluso muertes de personas en custodia del Estado”, lamenta y señala que ve “mucho de improvisación y error en todo esto, pero también patrones preocupantes de prácticas de represión ilegales avaladas por el Estado.
Finalmente, considera que esta medida se ha dado a espaldas de la ciudadanía. “Se niega su verdadero origen —el rompimiento del pacto con las pandillas— y se oculta todo tipo de información —con la excepción de lo que podría proyectarse como logros, por ejemplo, el número de detenidos”.
Marinero subraya que “no se ha rendido cuentas de qué se ha logrado con la suspensión de derechos y por qué sigue siendo necesaria”.